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Sobre los imputados pesan órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Jurisdicción Nacional Especializado en Crimen Organizado y Corrupción. Esta mañana, la Secretaría de Seguridad ejecutó la orden contra Sara Ismela Medina Galo, exdiputada del Partido Nacional por El Paraíso (2006-2014), de 48 años, quien actualmente trabaja en la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso.
Asimismo, fue capturado Carlos Roberto Guevara Velásquez, exdiputado suplente del Partido Nacional por Copán (2010-2014), de 52 años, actualmente supervisor en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
También está detenido el abogado José Rogelio Sánchez García, de 66 años, quien actualmente ocupa el cargo de secretario general en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
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Entre los imputados que aún no han sido aprehendidos se encuentra Freddy Espinoza Mondragón, exdiputado del Partido Nacional por Choluteca (2010-2014), de 79 años, quien también fue director ejecutivo del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) de 2014 a 2022.
Además, está pendiente la captura de Miguel Ángel Gámez, exdiputado nacionalista por Intibucá (2006-2014), de 69 años, quien actualmente trabaja en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Igualmente, se busca a Gladys Bernarda Casco Cruz, exdiputada del Partido Nacional por Choluteca (2006-2014), de 69 años, quien en la actualidad labora en Injupemp.
Finalmente, se acusa al ingeniero industrial de 50 años, Geovanny Castellanos Deras, en un caso en el que se presume que los siete mencionados utilizaron la ONG Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH) para desviar L42,500,000.00 a través del Fondo Departamental.
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Denuncia sobre el caso
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal en relación con un presunto fraude que implica a cinco exdiputados y se extiende a dos personas adicionales.
Presuntamente, los mencionados conspiraron para desviar más de 42 millones de lempiras (L 42,500,000.00) de las arcas del Congreso Nacional a través de la ONG llamada AJOPADIH.
Según el requerimiento fiscal, los diputados llevaban a cabo las gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, derogado en agosto de 2023, para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que gestionaron los recursos, así como a otras cuentas de otros legisladores y particulares, quienes los utilizaban para fines diferentes a los previamente designados.
Además, se identificaron gestiones irregulares de subsidios otorgados a varios exparlamentarios a través del mismo fondo, bajo la justificación de proyectos u obras de desarrollo social. Sin embargo, dichos proyectos no fueron presentados con los perfiles correspondientes.
La investigación revela que los fondos, provenientes de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la AJOPADIH, fueron acreditados en un periodo de seis meses. Se descubrió que uno de los imputados que actuó como cooperador necesario se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El dinero restante fue trasladado a terceros sin justificación.
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