La nueva norma denominada "Ley Integral para la Seguridad en las Telecomunicaciones", permitirá a las autoridades de Seguridad intervenir los teléfonos celulares en casos específicos, siempre y cuando sean ordenados por juez competente.
El artículo 23 de la iniciativa, establece que los registros en cuestión incluyen llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto (entre terminales o vía Internet), direcciones IP, y "otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que puedan implementarse en el futuro".
Sin embargo, el experto en ciberseguridad reconocido únicamente en Twitter como Dano, explicó que es imposible intervenir redes sociales como WhatsApp y Telegram debido a su cifrado de extremo a extremo.
"No se puede intervenir ni WhatsApp ni Telegram. Jamás en todos los casos que he trabajado como perito forense y experto en casos nacionales e internacionales he conocido un país que intervenga WhatsApp o Telegram. Matemáticamente es imposible y no contiene jurisdicción alguna", comentó el experto.
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El cifrado de extremo a extremo que utilizan estas aplicaciones de mensajería es un proceso de comunicación segura que evita que terceros accedan a los datos transferidos de un punto final a otro.
Asimismo, el cifrado de datos es un proceso que utiliza un algoritmo para transformar los caracteres de texto estándar en un formato no legible.
"WhatsApp es un cifrado de extremo a extremo, en casos donde sabemos que un individuo contiene material sexual infantil la misma empresa Meta (propiedad de WhatsApp) no puede brindar ninguna información sobre la cuenta (…) ni ellos mismos", explicó Dano.
Matemáticamente "imposible"
De acuerdo al experto, matemáticamente es imposible realizar las intervenciones en redes como WhatsApp y Telegram, "ni una computadora cuántica podría descifrar el cifrado de extremo a extremo que cambia constantemente".
El cifrado de mensajes de WhatsApp de extremo a extremo es un gran problema para los hackers, porque significa que la propia compañía ha decidido ejecutar un sistema en el que, incluso, no puede interceptar y leer los mensajes enviados en su propia plataforma.
Cuando se envía un mensaje, solo puede ser "desbloqueado" por el destinatario previsto, gracias a un código muy complejo que WhatsApp tardó varios años en desarrollar. Lo mismo en Telegram.
Esto difiere de muchas aplicaciones de mensajería, que solo cifran los mensajes entre los usuarios, lo que significa que los mensajes se almacenan en los servidores, generalmente no de forma permanente, por lo que hipotéticamente podrían ser accedidos y leídos.
"Si usted lograra de alguna manera conseguir la llave tendría el reto matemático de buscar la serialización de los primeros bytes e intentar conseguir el cifrado maestro. Luego debería estar en la misma red para conseguir el código binario… Si se lograra hacer eso tendría la herramienta de compresion y descompresion más grande de todo el planeta", explicó Dano.
Se necesitará orden judicial
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que las intervenciones telefónicas continuarán requiriendo de una orden judicial para acceder a los datos cuando las investigaciones lo requieran.
"La Secretaría de Seguridad solicitará al fiscal la intervención de un número telefónico, el fiscal revisará la solicitud y la elevará a un juez. La Policía Nacional no podrá hacer ninguna de estas intervenciones sin autorización de un juez o un fiscal", aseguró Sánchez a La Tarde de HRN.
En caso de los vaciados telefónicos, el experto en ciberseguridad dijo que el proceso va directamente solicitado desde la Policía Nacional y está le solicita al Ministerio Público, quienes son los que le dan la orden a las operadoras de telecomunicaciones.
"En ningún momento se escuchan llamadas o se extrae información. Lo que se recibe solo es la información de las ubicaciones y números que se pegan a las antenas. El vaciado telefónico es cuando ya se tiene el teléfono en posesión y se pasa a pericia… no se puede hacer vaciado sin el teléfono en posesión", dijo Dano.
En ese sentido, Sánchez reiteró que la Policía Nacional no realizará intervenciones de este tipo sin la debida autorización de un juez o un fiscal.
"La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad conoce los procedimientos, y solicitaremos la intervención de las comunicaciones desde una perspectiva técnica", indicó Sánchez.
El Congreso Nacional dispensó los primeros dos debates del dictamen y lo llevará a una sola discusión y votación.
Más allá de ello, ante la ambigüedad que representa el artículo 23 de la ley en cuestión, desde la oposición aseguran que, en caso de aprobarse tal como está, se violentarían garantías constitucionales.
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