“La situación es que si no negocea (negocia) se muere. Debe pagar”, es el mensaje que los extorsionadores han enviado a secretarios, receptores y jueces de ejecución, entre otros.

Al inicio los funcionarios judiciales no creyeron en la amenaza, pero el asedio fue en aumento al grado que varios están atemorizados porque los extorsionadores tienen información al dedillo de sus movimientos y familias.

“Se informó a las autoridades, pero hasta ahora no hay acciones de protección para ninguno de los jueces. Hay pánico, pero aquí estamos a las manos de Dios”, dijo un impartidor de justicia.

Y es que el ingreso de celulares a los penales, sean de máxima, media y mínima seguridad, ha aumentado. 

Autoridades judiciales estiman que rebotan y eso incrementa la extorsión que va no solo para el ciudadano común, familiares de privados, sino que ahora se suma el personal judicial.

“A una secretaria de los juzgados también la intimidaron y cedió a los pedidos de dinero, porque los llamados vienen de las cárceles”, dijo un funcionario que pidió el anonimato.

Las cantidades que piden varían de acuerdo al perfil del funcionario, lo que no saben es si es un único pago o es un pago mensual.

tunota.com conoció que desde la cuenta de un privado que se identifica como Javier Membreño se envían mensajes extorsivos vía Messenger de Facebook.

Los privados de libertad tienen cuentas de Facebook y envían mensajes a personas de diferentes estratos sociales.

¿Qué está pasando?

Los privados de libertad sean o no de grupos criminales siguen extorsionando y envían mensajes vía WhatsApp o por Messenger.

En caso de no pagar le dicen que serán asesinados y cuando la víctima accede al pago, les indican que el dinero deben enviarlo mediante transferencia electrónica.

“Me mandaron mensajes extorsivos, me amenazaron de muerte, informamos a la Policía, pero a nadie le importó”, lamenta una funcionaria judicial.

Al verse indefensos algunos miembros del personal judicial han decidido pagar por miedo, otros bloquean al extorsionador, pero no dejan de estar preocupados.

Requisas en los penales de Honduras piden los jueces para decomisar los celulares que en el último año han aumentado en los establecimientos.

Celulares en penales

“Los mensajes salen de los penales, hay un centro penal que tiene 600 celulares y todo a vista y paciencia de las autoridades penitenciarias”, dice un juez.

Pese a que han pedido apoyo de la Dirección de la Policía Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco), los afectados dicen que solo les confirman que el mensaje salió de las cárceles pero que hay que esperar que llamen.

“Ellos usan el WhatsApp porque saben que no hay forma de rastreo, entonces no entendemos cómo es que hay que esperar que llamen para ubicar el número, es necesario implementar otros métodos”, dice un juez.

Extorsionan a los mismos privados

Ni los mismos privados de libertad se escapan de la extorsión, en los penales hay miembros de maras y pandillas que están torturando.

Eligen a las víctimas, los graban mientras los maltratan para enviar esos videos a las familias y que éstas paguen.

Un video que circula en redes muestra la forma violenta y con saña con la que atacan a uno de los privados para lograr que la familia acceda al pago de dinero.

Los jueces dicen que ante tanta irregularidad han pedido que se hagan requisas en todos los penales de Honduras.

“Debe ser un registro a fondo porque a veces llegan y los celulares quedan en los establecimientos penitenciarios y deben establecer quién a lo interno está dejando pasar los teléfonos”, piden los jueces.

Dato

Hasta el mes de abril de 2023, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó que son 19,566 privados de libertad, de ellos 18,398 son hombres y 1,168 mujeres.

El 10 de agosto de 2022, la presidenta Xiomara Castro a través del PCM-03-2022, declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional.

Castro ordenó desmilitarizarlo y nombró a la Policía Nacional en calidad de comisión interventora, por un período un año.

Ocho meses después, emiten el PCM 16-2023 para nombrar una comisión interventora por un período un año.

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