De acuerdo a analistas consultados por Telenoticias de Canal 5, la falta de resolución de conflictos por parte del Gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, alienta las protestas en el país centroamericano.

Sectores como el magisterio, fiscales del Ministerio Público, importadores de vehículos y pobladores de zonas afectadas por deslizamientos, realizaron jornadas de reproches al Gobierno.

Sin margen de dudas, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, tiene claro el derecho a la protesta social cuando los mecanismos institucionales no son capaces de tramitar las demandas ciudadanas de cualquier sector.

No obstante, recomienda más eficacia de las autoridades para evitar que los conflictos crezcan y se agudice una crisis a nivel nacional.

"El Gobierno debe de tomar cartas en el asunto porque no es posible que se dejen este tipo de conflictos que se van acumulando y que van dejando una mayor conflictividad social, y que no se resuelvan los problemas que tiene la población", expuso Mejía.

Respuestas posibles

Las acostumbradas protestas se acentuaron en el inicio de la semana, donde el denominador común de las mismas es por demandas a las autoridades gubernamentales y edilicias.

Las respuestas son posibles en el marco de la Constitución y el respeto a los derechos de las personas, reafirma el abogado Yoni Manuel Pacheco, que ve la necesidad de poner orden en el país, conforme a las atribuciones de la titular del Poder Ejecutivo.

"La presidenta de la República tiene que imponer orden y tomar cartas en el asunto. Es decir, resolver los problemas porque ella es responsable de gestionar los conflictos del Estado", argumentó Pacheco.

Estos conflictos no convienen en nada, según el analista Raúl Pineda, quien asegura que no se debe permitir que se alarguen las protestas que exigen respuestas inmediatas para el bien del país.

"El Gobierno debería de crear una especie de secretaría de conflictos que ejerciese labores de alerta temprana o que se encargue de asegurar la convivencia pacífica y el uso de los derechos que garantiza la Constitución", apuntó Pineda.

De acuerdo a la Constitución de la República de Honduras, el Ejecutivo tiene la obligación de crear condiciones que aseguren el bienestar de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y, sobre todo, la solución de los grandes problemas del país.

Vea además: ¡Caos en las principales ciudades! Protestas en Tegucigalpa, SPS y Siguatepeque