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El Ministerio Público recordó, en un comunicado, que en febrero de 2017 la Sala Constitucional del Poder Judicial declaró constitucional el artículo 80 de la Ley Orgánica Poder Legislativo, pese a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los diputados Jari Dixon y Jorge Cálix, del partido Libertad y Refundación (Libre).
El fallo de entonces, menciona que "dicho artículo regula situaciones excepcionales y provisionales, constituyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado y el Estado mismo".
En ese sentido, el Ministerio Público concluyó que el actual fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, está en la obligación legal de seguir en funciones mientras el Congreso Nacional no designe su sustituto.
Asimismo, se hizo un llamado al Legislativo pueda "en la mayor brevedad" elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía.
Polémica por el artículo 80
La polémica se origina luego que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, indicara que los fiscales del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, incurrirían en delitos penales si continuaban en funciones, pese a culminar el periodo de cinco años para el que fueron electos (2018-2023).
No obstante, sectores de sociedad civil han manifestado que hay un error por parte del titular del Legislativo, quien se amparó en el artículo 233 de la Constitución de la República, mismo que menciona: "La titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general; habrá, asimismo, un fiscal general adjunto, quien sustituirá al titular en caso de ausencia, excusa o recusación".
Sin embargo, según Redondo, este apartado ya no cabe, pues ambos fiscales ya cesaron de sus cargos al cumplirse los cinco años y tampoco el artículo 80 la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues es la norma secundaria.
El artículo 320 de la Constitución menciona que "en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera".
Además, el 321 expone que "los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad".
Por lo pronto, Redondo nombró una comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las estructuras del crimen organizado.
Sin acuerdos en el Congreso Nacional
Los 128 diputados del Congreso Nacional siguieron el pasado jueves sin lograr, en un segundo, tercer y cuarto intento desde el martes, elegir al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028.
Ante la falta de consensos para elegir a los nuevos fiscales, las mociones del oficialista partido Libre fueron rechazadas por las fuerzas opositoras.
Libre se mantuvo en la posición de elegir a Johel Zelaya Álvarez como fiscal general y a Marcio Cabañas como adjunto; no obstante, solo logró 52 votos en todas las votaciones.
De manera similar, el Partido Salvador de Honduras (PSH) hizo lo propio al proponer a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como adjunta, moción que alcanzó 74 votos, respaldada por el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Los diputados deben seguir buscando consensos para la nueva elección y suplir a Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (adjunto), que cesaron de sus cargos el pasado viernes.
La Constitución de la República manda de que se deben elegir a estas autoridades una vez que culminaran el periodo de cinco años el fiscal general y adjunto.
Vea además: 'El MP sigue operando, va a seguir operando y no se va a parar': Luis Redondo