Sin embargo, informó que, a pesar de ello, la acción penal pública queda garantizada en el caso de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), basándose en el decreto 67-2022, que otorga a esa unidad la facultad de "ejercer acción penal pública de oficio sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad".

Pero, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, manifestó a tunota.com que bajo ningún concepto el jefe de la Uferco podría quedar a cargo del Ministerio Público.

"Ese decreto no autoriza al fiscal titular de la Uferco, Luis Javier Santos, para sustituir al fiscal general y al fiscal general adjunto porque tal elucubración confronta el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público. Tampoco puede el director general de la Fiscalía, porque no es potestad del Congreso elegirlo", expresó Espinoza, quien insistió que temporalmente la fiscalía general la debe ocupar el hasta ahora fiscal general adjunto, Daniel Sibrián.

La duda de lo vertido por Libre aumenta en torno al resto de fiscales, que, según el artículo 8 de la Ley del Ministerio Público, "actuarán siempre por delegación y bajo la dependencia del fiscal general de la República".

Libre no explicó quién asumirá los roles del fiscal general o, en su defecto, del fiscal general adjunto, cuando, algunos analistas, como Joaquín Mejía Rivera, indican que deben recaer en el director general de la Fiscalía, José Mario Salgado.

En su pronunciamiento, Libre sólo expresó: "El poder otorgado a las fiscalías especiales y a los fiscales en particular es por tiempo indefinido y, por tanto, la acción penal pública está garantizada".

VEA: ¿Qué pasaría si Chinchilla y Sibrián renuncian sin elección de nuevos fiscales?

Las interrogantes se generaron después de una publicación en la red social X (antes Twitter) del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, este jueves.

"To do 67-2022…", escribió Redondo, en relación al decreto 67-2022, que otorga a la Uferco facultades para que "pueda ejercer acción penal pública de oficio sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad".

La publicación se genera en un contexto en el que las fuerzas políticas en el Congreso Nacional no llegan a un consenso para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028, a pesar de que el bloque opositor alcanza más de 70 votos (16 menos de los 86 requeridos) en una nómina, por encima de los 52 que tiene el oficialismo y algunos diputados aliados del PSH.

La situación se complica debido a que el fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, concluyen su período constitucional de cinco años este día a las 11:59, pero, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 80, deberán permanecer hasta que el Legislativo efectúe la elección.

La Constitución de la República indica, en su artículo 233, que el cargo de fiscal general y fiscal general adjunto tiene una duración de cinco años, pero no contempla qué ocurre si el Congreso Nacional no elige, antes del vencimiento de ese plazo, a los correspondientes relevos.

Mientras, la Ley del Ministerio Público en el artículo 18 contempla que, ante la ausencia definitiva del fiscal general, el fiscal general adjunto asume sus funciones "hasta que se produzca el nombramiento del propietario", pero tampoco contempla si el precepto se aplica después de culminado el período de cinco años.

Ese artículo también señala que es el director general de la Fiscalía quien debe tomar las funciones del fiscal general o el fiscal general adjunto. "A falta del fiscal general adjunto, hará sus veces el director general de la Fiscalía".

Se requieren 86 votos para elegir al fiscal general que ejercerá entre 2023 y 2028.

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