Esta extensión busca maximizar la eficiencia en la entrega de la información, tanto clasificada como no clasificada.

El Gobierno presenta esta comunicación en cumplimiento con la Orden de la Corte emitida el 20 de diciembre de 2023, en respuesta a la carta recibida del abogado autorizado de Juan Orlando Hernández con fecha del 27 de diciembre de 2023 (Documentos 644, 645).
La orden del Tribunal, emitida ese 20 de diciembre, estableció el 2 de enero de 2024 como la fecha límite para la presentación del Gobierno sobre la información solicitada.f
Consultas
En consideración a la carta presentada hoy por el abogado autorizado, que aborda otros asuntos, y con el propósito de permitir al Gobierno consultar con las partes interesadas, "se solicita respetuosamente una breve prórroga hasta el 4 de enero de 2024 para presentar su declaración", señala la Fiscalía.
Además, la Fiscalía solicita que el Tribunal continúe suspendiendo su Orden del 15 de diciembre de 2023 (Documento 640) hasta recibir una nueva instrucción posterior a esa fecha.
La petición de la defensa
Sabrina Shroff, ha solicitado nuevamente al juez Kevin Castell del Distrito Sur de Nueva York, el acceso a toda la información clasificada relacionada con el caso, tanto escrita como grabada.
Esta petición surge tras la negativa del juez Castell, el pasado 19 de diciembre, de proporcionar a la defensa de Hernández, la documentación completa del caso, incluyendo los materiales clasificados, citando razones de seguridad nacional.
Shroff basó su solicitud en la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal, argumentando que el gobierno estadounidense está obligado a revelar al acusado cualquier declaración pertinente en su posesión.
La abogada ha pedido una versión desclasificada de las decisiones orales del tribunal y los documentos clasificados presentados hasta ahora, con el fin de acceder a información relevante para la defensa de Hernández.
El juicio
El juicio contra Hernández, que enfrenta cargos de narcotráfico, está programado para iniciar el 5 de febrero de 2024, precedido por una audiencia de información el 16 de enero del mismo año.
La estrategia de defensa de Hernández también incluye la búsqueda de información sobre la identificación de funcionarios de alto rango de Estados Unidos supuestamente involucrados en operaciones antidrogas en Honduras, conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).
En particular, la defensa busca identificar a una fuente anónima que afirmó que Hernández recibió apoyo de grupos criminales para asistir a reuniones políticas durante las controvertidas elecciones de 2017.
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