"(Estamos) preocupados por la división política en Honduras y llamamos a todos los partidos políticos a regresar rápidamente al orden normal y evitar la violencia", expresó Nichols a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El alto funcionario estadounidense añadió que se insta a un "discurso pacífico para gestionar los numerosos desafíos que enfrenta el pueblo hondureño, reafirmando el compromiso de Estados Unidos de continuar trabajando en Honduras en beneficio de todos los ciudadanos".

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, respaldó y compartió la declaración de Nichols.

Este llamado surge en medio de una polarización política en Honduras, desencadenada por la parálisis legislativa debido a la falta de consensos en el Congreso Nacional para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028..

La disputa es entre el oficialismo, representado por Libertad y Refundación (Libre), y el bloque opositor compuesto por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH).

La crisis se agudizó el 1 de noviembre cuando la Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderada por el presidente Luis Redondo y otros ocho diputados oficialistas, designó interinamente a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, generando un quiebre en la unidad del Congreso.

Este acto desató una división en el Congreso Nacional, con la oposición desconociendo la Comisión Permanente y rechazando los nombramientos de los fiscales, al argumentar que, dentro de la nómina enviada por la Junta Proponente, eran los dos candidatos preferidos por el oficialismo.

La oposición optó por sesiones autoconvocadas, fundamentadas en los artículos 190 y 191 de la Constitución de la República, para ampliar el periodo de sesiones de la segunda legislatura del período 2022-2026.

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