La socióloga señaló la importancia de desenmascarar las amenazas del Gobierno, ya que según ella, la actual administración utiliza tácticas veladas al cancelar reuniones a organismos de cooperación, generando un ambiente de incertidumbre.}

"Que sean claros y que no manden mensajes confusos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Esa es una amenaza, es un cierre de espacios cívicos", manifestó Castellanos en TN5 Matutino de Canal 5.

Al respecto, la exrectora instó a no conformarse con mensajes suavizados, sino a cuestionar abiertamente las declaraciones oficiales que podrían interpretarse como advertencias a la oposición.

"Yo no me quedo con la expresión más suave de un ministro, yo me quedo con la expresión de donde amenazan y donde dicen quienes son enemigos del gobierno, que tienen días contados, porque con esa era una de las expresiones que se traducen en amenazas", expresó Castellanos.

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Libre desestima preocupaciones

Gilberto Ríos, representante del partido Libre, desestimó las preocupaciones sobre la libertad de expresión y las supuestas amenazas del Gobierno. Negó que se esté considerando limitar la capacidad de expresión o quitar personería jurídica a ciertos grupos.

"Es absolutamente falso que en algún momento se haya ventilado, se haya rumorado siquiera quitar personería jurídica, limitar la capacidad de libertad de expresión", externó en TN5 Matutino.

Ríos aseguró que se han llevado a cabo foros donde tanto la sociedad civil como el gobierno han participado de manera armoniosa, fomentando un ambiente propicio para el debate, pues según él, "ese es el espíritu del gobierno, llevar todo al debate".

Tensión entre Gobierno y sociedad civil

En el Índice de Percepción de Corrupción de 2023, Honduras recibió una calificación de 23 de 100, situándose en el puesto 154 de 180 naciones evaluadas. Esta posición indica problemas significativos de corrupción en el país. Tras la divulgación del informe, el Gobierno ha cuestionado su validez, argumentando que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), responsable del estudio, defiende los intereses de la administración anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Desde entonces, funcionarios han vertido opiniones, en contra de organizaciones no gubernamentales, y sus supuestas intenciones para desprestigiar al Gobierno. Paralelamente, distintas instituciones de sociedad civil han condenado presuntas las "amenazas" y "discursos de odio" de parte de los empleados público.

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