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Las autoridades policiales encontraron este jueves en horas de la madrugada el vehículo que desconocidos robaron al joven productor de televisión, Carlos Gerardo Barahona Ávila, en el marco de las investigaciones para esclarecer el móvil de su asesinato, y en las que se involucra, incluso, una unidad de la embajada de Estados Unidos.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, informó en Hoy Mismo de TSi que el automotor de la víctima se localizó cerca de la residencial San Miguel Arcángel, ubicada en la salida de Tegucigalpa a la zona norte de Honduras.
El automóvil es un turismo, marca Honda, color negro, con placas HAZ 9514 y efectivamente está registrado a nombre del editor de Suyapa Medios, asesinado el lunes 30 de enero en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, dijo Martínez Madrid.
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Según el vocero policial, agentes de la Unidad Metropolitana número 2 dieron con el automotor a través de patrullajes y saturaciones en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Recopilación de indicios
Los técnicos del departamento de evidencias y homicidios de la Dirección Policial de Investigación (DPI) recopilan todo tipo de indicios, como huellas dactilares y cualquier otro rastro que haya sido dejado en el auto, para avanzar en las investigaciones, indicó el portavoz de la Policía hondureña.
"Este es el primer paso para poder identificar a los hechores materiales de la muerte del periodista Carlos Gerardo Barahona", expresó.
Miguel Martínez Madrid aseguró que hay avances en la investigación de la muerte violenta del joven Carlos Barahona, pero "el móvil de los hechos no lo podemos dar a conocer porque este podría cambiar y tenemos que tener mucha precaución".
También aseguró que hay orden del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, para que se le de importancia al caso.
Apoyo de Estados Unidos
A su vez, Martínez Madrid afirmó que el proceso de investigación del crimen de Carlos Barahona cuenta con apoyo de una unidad especial de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Se trata de la unidad de homicidios o muertes violentas de víctimas especiales, como periodistas, abogados o miembros de la comunidad LGTBI de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL, siglas en inglés), según dijo Martínez.
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