La defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) se ha amparado en una supuesta inmunidad que otorga el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para evitar la extradición del exmandatario a Estados Unidos, país que lo acusa de tráfico de drogas y uso de armas.
Hernández "goza de las prerrogativas como diputado ante el Parlamento Centroamericano" en otros países, amparado en el Tratado de Viena, por lo que no debería de ser extraditado, dijo a EFE la abogada Rosa Elena Bonilla, quien es parte de la defensa legal de Hernández.
En el caso particular de Honduras, sus diputados en el Parlacen no gozan de inmunidad pero, según Bonilla, "quien puede levantar la inmunidad es la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)", instancia a la que también ha acudido la defensa del expresidente, sin haber tenido hasta ahora ninguna respuesta.
Inmunidad del Parlacen
Constitucionalmente, los diputados del Congreso Nacional son los únicos que gozan de inmunidad en el país, y esa misma inmunidad se otorga cuando se convierten en diputados del Parlacen.
El artículo 22 del Parlacen establece que los diputados a ese organismo gozarán "de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los Congresos o asambleas nacionales".
Añade que "el Parlacen, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados" y que, "en caso de flagrante delito, el Parlacen procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las inmunidades y privilegios".
Sin embargo, la defensa del expresidente Hernández argumenta que cuando un tercer país solicita la extradición, primero debe escucharse la opinión CCJ acerca de si el Parlacen le concede inmunidad a uno de sus miembro que le sirva para evitar enfrentar la justicia.
La CCJ "es también la encargada de determinar si existe o no la inmunidad que se ha solicitado tanto al juez natural como a la Corte Suprema de Justicia para que hagan una consulta prejudicial al órgano encargado que es la CCJ a efecto que determine los alcances de estas inmunidades y prerrogativas", enfatizó Bonilla.
Proceso contra el expresidente Hernández
El 14 pasado de febrero, Estados Unidos le solicitó a Honduras el arresto preventivo con fines de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández, lo que se cumplió un día después, cuando fue capturado en su residencia, esposado de manos y pies y recluido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa, donde permanece desde entonces.
El 16 de febrero, en primera audiencia ante el juez natural, Edwin Ortez, Hernández conoció sobre los delitos que le imputa Estados Unidos, mientras que el 16 de marzo, el mismo juez, en segunda audiencia para presentación y evacuación de pruebas, autorizó su extradición.
La defensa de Hernández presentó el 19 de marzo un recurso de apelación contra dicha orden de extradición ante la Corte Suprema de Justicia y, ayer 23 de marzo, el Poder Judicial admitió el escrito.
La Corte Suprema de Justicia tiene tres días, a partir de la admisión de la apelación , para que el pleno, integrado por quince magistrados, decida sobre la extradición o no de Hernández -contra quien no hay ningún juicio abierto en Honduras.
Hernández es el primer expresidente de Honduras requerido en extradición por Estados Unidos para enjuiciarlo por presuntos delitos asociados al narcotráfico y uso de armas.
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