El Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras resolverá el próximo jueves 21 de abril la petición del hermano de la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, para que se aplique el decreto de amnistía para presos políticos.

De acuerdo con la defensa del imputado, la solicitud es ante el proceso que se le sigue como implicado en la quema de un vehículo del Estado asignado a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), hecho registrado en 2019.

La Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial informó que el solicitante del beneficio se trata de Germán Enrique Ayala, cuya defensa técnica expuso sus argumentos y pidió la aplicación del decreto de amnistía mientras la Fiscalía se opuso.

Luego de escuchar ambas partes procesales en una audiencia ad hoc, la jueza de Letras Penal que conoce el caso anunció que dará su resolución sobre la aprobación o no de la amnistía el próximo jueves 21 de abril a las 2:00 de la tarde.

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Antecedente

De acuerdo con el expediente del caso, el hecho ocurrió el 19 de junio de 2019 cuando un grupo de personas se manifestaban en el Monumento a la Madre, ubicado de San Pedro Sula, Cortés, en contra del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández..

En dichas protestas los ciudadanos quemaban llantas bloqueando el paso de los vehículos, cuando en un momento de los actos arribó un automotor de Hondutel, el cual fue interceptado por los manifestantes.

Una vez teniendo la unidad en su poder, la misma "fue colocada como barricada y al momento del despeje fue incendiada", revela el boletín del Poder Judicial.

Por este hecho se capturó al hermano de la diputada y otros sospechosos en 2019 por el delito de incendio agravado y robo.

Amnistía

El 4 de febrero de 2022, el Congreso Nacional de Honduras aprobó Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan en la que se incluye un decreto de amnistía para perjudicados por el Golpe de Estado en 2009.

Según la normativa, también recibirán la amnistía "amplia e incondicional" los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

El decreto incluye amnistía para delitos penales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

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