La esposa del exdiputado hondureño, Juan Antonio Hernández, Miriam Vanessa Cruz, aparece como dueña de uno de los 103 bienes, entre estos, empresas, que el Ministerio Público aseguró el miércoles en varias ciudades de Honduras y que supuestamente están ligados a una estructura de corrupción de la extinta funcionaria Hilda Hernández.

Hilda Hernández y su cuñada Miriam Vanessa Cruz aparecen como propietarias de Inversiones Elvira S. A. de C. V., según un comunicado emitido por el Ministerio Público en el marco de la operación "Las Moiras" para incautar bienes adquiridos de forma ilícita.

"Entre las empresas aseguradas se encuentran Inversiones Santa Elvira de la fallecida Hilda Rosario Hernández Alvarado y Miriam Vanessa Cruz (cónyuge de Juan Antonio Hernández Alvarado)", indicó la Fiscalía.

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Cruz es cónyuge de Tony Hernández, exdiputado del Congreso Nacional de Honduras (2014-2018) condenado en Estados Unidos a cadena perpetua y 30 años más, por narcotráfico, delito por el cual su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), será también enjuiciado en la Corte de Nueva York.

En total, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguró e incautó 103 bienes vinculados a Hilda Hernández, hermana de Tony y el exmandatario Hernández.

Hilda Hernández fungió como ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones entre 2014 y 2017, este último año en que murió en un accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) junto a otras cinco personas.

Aseguramientos

Entre las propiedades aseguradas a la presunta estructura de Hernández destacan 56 bienes inmuebles, 5 sociedades mercantiles, 14 productos financieros y 29 vehículos (autobuses), en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida, y en Miami, Estados Unidos (dos condominios).

Los aseguramientos de bienes están relacionados a los casos de corrupción "Pandora", "Corrupción sobre Ruedas" y "Hermes", en los que la Uferco involucró a exfuncionarios por supuestamente drenar dinero de instituciones públicas a través de empresas de maletín como Servicios e Inversiones AID, LV Tecnologías y Servicios, Todos Somos Honduras y Fundación Dibattista.

El objetivo de los aseguramientos por parte de la Uferco y la ATIC tienen como objetivo recuperar más de 101 millones de lempiras a favor del Estado de Honduras.

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