Para la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, advirtió que las consecuencias y los impactos económicos y financieros de estas demandas pueden ser grandes.

"El Estado de Honduras se podría ver condenado a pagar y resarcir daños y perjuicios por enormes cantidades de dinero, el cual al final lo vamos a terminar pagando todos los hondureños", señaló Díaz.

Al mismo tiempo, agregó que estas demandas internacionales también afectan la imagen del país para la atracción de inversiones por el irrespeto a la leyes vigentes.

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"Afecta la imagen de nuestro país para la atracción de otras inversiones, tanto a nivel nacional e internacional. Definitivamente es necesario que se le ponga atención a mandar un mensaje de que en Honduras se respeta la legislación nacional vigente", manifestó.

Las últimas tres demandas fueron interpuestas por las siguientes compañías:

  • Honduras Próspera Inc., St. John´s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC
  • JLL Capital, S.A.P.I. de C.V
  • Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V. and others

Estas demandas han sido interpuestas ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), argumentando incumplimientos de lo establecido en los contratos y de perderlas a Honduras le podría costar cerca de los 18 mil millones de dólares.

Dato

El CIADI es una institución dedicada a resolver controversias relativas a inversiones internacionales a través de reglas de conciliación, mediación, arbitraje o comprobación de hechos.

En 56 años ha administrado más de 800 casos de todo el mundo, entre ellos 3 contra Honduras (por incumplimiento de contratos) y más de 40 del resto de países de la región.

De Centroamérica, los Estados que han encarado la mayoría son Costa Rica (14) y Panamá (16). En menor cantidad, Guatemala (7), Honduras (7), El Salvador (5) y Nicaragua (3).

Esa entidad, con sede en Washington, Estados Unidos, ha emitido laudos que en algunas ocasiones favorecen a los Estados y en otras a una o más empresas.

No obstante, en algunos casos, las dos partes han llegado a acuerdos y han evitado la ejecución de la condena.

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