El abogado penalista, Abel Orellana, manifestó este viernes que, si el gobierno de Honduras asegura luchar contra la corrupción, debe llamar a Interpol para que capture al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, prófugo de la justicia de su país que se encuentra en territorio hondureño.

En ese sentido, el profesional del derecho indicó que el país no tiene ninguna credibilidad en cuanto a su actuar interno judicial y agregó que Correa le falta el respeto al pueblo hondureño al pretender asesorar al gobierno en materia económica cuando sobre él pesa una sentencia.

“Si se está persiguiendo la corrupción, lo más correcto es que se llame a la Interpol para ejecutar la captura de inmediato; y, ponerlo a las órdenes de las autoridades ecuatorianas para que se lo lleven”, expresó Orellana a medios locales.

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Seguidamente, el penalista hondureño agregó que si el exgobernante ecuatoriano está condenado en su país es un “reo y un prófugo” y lo más correcto es que se debe actuar a través de la Interpol.

Además, no descartó la opción de darle la oportunidad a las autoridades de Ecuador para que capturen al exmandatario de la nación sudamericana durante 2007 y 2017.

“Si está condenado allá -Ecuador- es un reo, un prófugo y lo más correcto es que deben actuar a través de la Interpol. De igual forma, darle la oportunidad a la Policía de Ecuador para que lo vengan a capturar. No le podemos extender una alfombra al reo para que llegue a Casa Presidencial”, aquejó.

Finalmente, declaró que el gobierno de Honduras habla de pulcritud y honestidad. Sin embargo, está dándole cabida a un prófugo de la justicia; lo que deja mucho que desear de las autoridades de nuestro país.

Rafael Correa en Honduras

Algunos sectores de la sociedad civil y analistas políticos han cuestionado la invitación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al expresidente ecuatoriano, quién se encuentra en el país para asesorar en materia económica a la actual administración.

Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado al ser involucrado en el caso de corrupción "sobornos 2012-2016".

En abril 2020, la Corte Nacional de Justicia de esa nación sudamericana emitió el dictamen en contra del expresidente y 21 procesados más.

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