La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras dicto el viernes (11.2.2022) un sobreseimiento definitivo contra la mayoría de los implicados en el caso Pandora por el desfalco de al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en 2018.

El caso Pandora involucra a 38 implicados entre funcionarios y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad; fraude; malversación de fondos; lavado de activos; falsificación y uso de documentos públicos de la SAG.

Entre los sobreseidos se encuentran; Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos; Celin Discua; Rodolfo Irías Navas; Elvin Santos; Miguel Edgardo Martínez; Elden Vásquez; Arnaldo Urbina; Carlos Alberto Pineda; Wilson Rolando Pineda; Ramón Bueso; Redin Lenín Chávez; Armando José Rivera; y Hernán Elvir.

Asimismo, Arnold Gustavo Castro; Franklin Erick Toruño; Jossué Francisco Velásquez; José Luis Flamenco; Ernesto Galeas Martínez; Eduardo Enrique Lanza; Lenín Rigoberto Ramos; José Adolfo Sierra; Félix Francisco Pachecho; y Denis Enrique Pacheco.

También, Sixto Pineda Hernández; Velkys Rosibel Hernández; Claudia Yamila Noriega; Luis Fernando Urrutia; Jorge Izaguirre; Jaime Antonio Suárez; Alba Luz Ramírez y Dalia Esmeralda Palma.

Cabe señalar que el 4 de agosto de 2020 la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo para otros de los implicados en el caso Pandora y ratificó el auto de formal procesamiento contra José Jacobo Regalado -quien fungió como ecretario de la SAG durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014)- y Aidee Arita Palma, Norma Montes y Velkis Rosibel Hernández.

Caso Pandora

En junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) junto a la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializaron el caso Pandora, que incluyó a 36 imputados, entre ellos funcionarios estatales y diputados del Congreso Nacional.

Una ampliación presupuestaria de 30 millones de lempiras que la SAG solicitó a la secretaría de Finanzas en 2011, originó el caso Pandora con más de 208 millones de lempiras que fueron manejados por la fundación "Todos somos Honduras", según el informe forense de un perito del Ministerio Público.

Los 30 millones de lempiras fueron solicitados por el entonces titular de la SAG, Jacobo Regalado, para supuestamente financiar cuatro proyectos de ayuda a los pobres, los cuales nunca se ejecutaron, según detallaron los peritos forenses.

Finanzas autorizó el desembolso, pero el mismo entró a las cuentas de "Todos somos Honduras"; sin embargo, fueron a parar a un destino político distinto al programa de agricultura en Olancho, Francisco Morazán e Intibucá.

Esa cantidad de lempiras se canalizó vía la fundación "Todos somos Honduras" y de ese monto, al menos 1.6 millones de lempiras sirvieron para pagar tarjetas de crédito de familiares de Jacobo Regalado.

Los convenios de la SAG se firmaron luego que la SAG autorizara el desembolso firmado por el abogado Jaime Antonio Suárez, quien no era parte de la fundación "Todos somos Honduras", de la cual era apoderado legal su hijo, Fernando Suárez.

El hijo de Jaime Antonio emitió cheques a su nombre por casi 9.7 millones de lempiras. Mientras tanto, los proyectos nunca existieron, reveló el informe forense del Ministerio Público.

El perito del Ministerio Público ratificó que los fondos en el caso Pandora de 208 millones de lempiras no fueron liquidados, que los proyectos no existieron y tampoco fueron ejecutados por la SAG y su ministro Jacobo Regalado.

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