El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro informó este lunes que ha determinado hacer públicos tres informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre privilegios fiscales o exogeneraciones en Honduras que se mantenían privados debido a la Ley de Secretos aprobada en 2014 durante el mandato de Juan Orlando Hernández.

En un comunicado, las autoridades hondureñas indicaron que, a través de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, se instruyó hacer públicos los tres informes que se habían mantenido ocultos y que recomiendan la eliminación progresiva de los privilegios fiscales por considerarlos "inequitativos e ineficientes".

El primer informe, denominado "Bases para la Evaluación de los Gastos Tributarios y sus Beneficios", del año 2016, establece que, para poder crecer, Honduras necesita un sistema tributario más equitativo y eficiente; no obstante, ha concedido amplios privilegios fiscales.

En el mismo, el FMI recomienda eliminarlos y, si ello no fuera posible, reducirlos paulatinamente, "sustituyéndolos por una estrategia de desarrollo social y económica de incentivos atados al empleo, inversión o investigación y desarrollo".

Según las cifras oficiales, Honduras es uno de los países de la región centroamericana con más exoneraciones, a tal grado que representan el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las exoneraciones fiscales representan un sacrificio de 39,000 millones de lempiras para las finanzas públicas hondureñas.

Informes dos y tres

El segundo informe, llamado "Pequeños Contribuyentes, Gastos Tributarios e Impuesto Minimos", del año 2017, indica que un régimen tributario con tantas exenciones es insostenible e incontrolable.

En ese sentido, el FMI recomienda "avanzar en materia de transparencia y seguimiento de privilegios fiscales, lo cual requiere: implementar buenas prácticas en materia de tratamiento tributario de pequeños contribuyentes y la eliminación paulatina de exenciones en impuestos sobre venta y en combustibles".

Mientras que el informe número tres, denominado informe "Gastos tributarios, Micro Simulación y Tratados para Evitar la Doble Tributación", del año 2018, señala que a pesar de las recomendaciones emitidas en años anteriores, no hay avances en la eliminación de exenciones del Impuesto Sobre Ventas (ISV), ni de privilegios fiscales.

Tampoco en la medición de costos y beneficios, ni en el control al momento de la constitución de las empresas. También, se recomienda gravar servicios prestados desde el exterior con ISV y actualizar las normas de fiscalidad internacional.

Conclusiones

En tal sentido, dichos informes concluyen que los privilegios fiscales en Honduras deberían de ser eliminados progresivamente y sujetos de un mayor control por ser:

  1. Inequitativos: ya que la mayoria benefician a los sectores de más altos ingresos.
  2. Ineficientes: porque impactan en el correcto funcionamiento de los mercados.
  3. Complejos: debido a que muchas excepciones dificultan el control y seguimiento.
  4. Poco suficientes: porque crean un "agujero fiscal" que se debe llenar con deuda.

"El actual Gobierno ha logrado coincidir en esta agenda común junto al FMI, avanzando en una relación de trabajo estrecha e integra", mencionaron las autoridades en el informe.

Asimismo, agrega que la revisión de los privilegios fiscales se enmarca en un esfuerzo más amplio por recuperar las finanzas públicas y la soberanía nacional.

"Lo cual ha implicado el ajuste del Presupuesto General 2022 y de la estructura del Gabinete de Gobierno; la eliminación de los fideicomisos con fondos públicos; el reperfilamiento de la deuda pública para priorizar la inversión social y productiva; el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el inicio de un presupuesto base cero para el año 2023", manifiesta.

Ley de Secretos en Honduras

Los documentos de recomendaciones del FMI se mantenían en privado por la Ley de Secretos aprobada bajo la Administración Hernández (2014-2022) el 24 de enero de 2014.

Esta normativa facultaba al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial como "reservada" o "confidencial".

Esto durante cinco años y diez años respectivamente, según establecía la misma ley.

También podía clasificarla como información "secreta" y "ultrasecreta", lo que permitía prohibir su publicación durante 15 o 25 años; según la conflictiva ley que era rechazada por diversos sectores en Honduras.

La derogación de la Ley de Secretos fue aprobada el pasado 2 marzo por el pleno del Congreso Nacional, de mayoría del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).

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