Estas acciones de presión beneficiará a los autores materiales e intelectuales de delitos, cuya probabilidad de no ser castigados será mayor, según el médico forense José Díaz.

"La detención de todas las funciones periciales realmente es una cuestión que está propensa a aumentar los índices de impunidad y dificultar la judicialización de los casos", dijo a HRN.

También se refirió a la interrupción de levantamientos cadavéricos en el país, excepto la capital hondureña, por Medicina Forense, señalando que esta es parte del proceso de investigación.

"Es sumamente complejo e implica otras acciones periciales subsiguientes como la prácticas de las autopsias", agregó.

Levantamientos por comisión interinstitucional

Ayer desde el Poder Judicial se anunció un equipo compuesto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Secretaría de Salud (Sesal) y Secretaría de Seguridad y Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) se encargará del levantamiento y reconocimiento cadavérico durante la huelga de fiscales.

En tal sentido, agentes policiales resguardarán la escena, jueces de paz realizarán el acta correspondiente y médicos forenses de Sesal efectuarán el levantamiento para posteriormente entregar el cuerpo a los familiares del fallecido, sin tener que pasar por la morgue.

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Para las muertes naturales de personas identificadas, con escueto protocolo, se entregarán los restos, mientras, los no reconocidos serán dados luego que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo identifique a través de la huella dactilar.

"En muertes violentas, si hay familiares se les va a entregar, pero posteriormente se va a exhumar (desenterrar) para definir la causa y manera de muerte", explicó el coordinador médico de los levantamientos Gustavo Roque.

Asimismo, señaló que si a la escena del crimen no llegan parientes, el cuerpo se guardará en un frigorífico hasta 72 horas, si nadie lo reclama será inhumado (enterrado).

Protesta de fiscales

Desde el pasado 6 de febrero los servidores del Ministerio Público se mantienen en protestas exigiendo su reajuste salarial anual, esto luego de que su solicitud formal no recibiera respuesta por parte de las autoridades.

Referente a ello, piden un incremento del 9.8% al sueldo base y un aumento del 13 al 15% por concepto de costo de vida.

Entre las acciones de presión se encuentra paro de labores, tomas de carreteras y la suspensión (desde el 13 de marzo) de los servicios forenses.

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