El amparo presentado por la defensa de Edgardo Casaña no cumple con los requisitos para darle curso, por lo que se declaró la inadmisibilidad y por ende la inhabilitación para ostentar cargos públicos, tal como se falló en casación.

"Se declaró inadmisible y el fallo en casación está absolutamente firme. Se debe proceder a inhabilitarlo, luego ejecutar la sentencia como tal y simplemente esperar que la justicia hondureña sea efectiva", apuntó el abogado constitucionalista Oliver Erazo.

No obstante, la defensa se Casaña no comparte la resolución, y piensan en promover una revisión ante la misma Sala Penal, que ya en casación condenó a Casaña a la pena menos gravosa por un delito contra la Administración pública.

En ese sentido, la defensa pedirá a la Sala Constitucional que rectifique su sentencia.

"Esta sentencia debe ser objeto de una revisión porque se excedió la Sala Penal, le dieron una muerte civil donde se ordena una suspensión de la ciudadanía, en la cual no hay antecedentes porque es la primera sentencia en la que se ordenó la inhabilitación, por lo que se está haciendo un análisis jurídico para plantearse un recurso de revisión ante la Sala Constitucional", indicó Darwin García, abogado de Casaña.

Antecedentes

El parlamentario de Libre fue condenado junto a otros exmiembros de la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) por un delito de abuso de autoridad.

El Ministerio Público acusó a los exmiembros de la directiva del Inprema, Edgardo Casaña, César Augusto Ramos Cáceres, Alfonso López Guillén, Óscar René Recarte y José Alejandro Ventura (fallecido) por aprobar, en 2010, modificaciones en la estructura de pensiones y jubilaciones de la institución gremial sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

En 2018, un tribunal especial absolvió a los imputados por falta de pruebas, pero el ente acusador del Estado hizo efectivo el recurso de casación que la ley le otorgaba, que le es fue declarado a favor.

Por ello, Edgardo Casaña tiene una sentencia firme la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por seis años.

De acuerdo al abogado penalista, German Licona, lo que queda es que la sentencia siga su proceso y que quede firme como lo determinó la Sala Penal.

Mientras que el abogado Salomón Amador aseguró que en este caso tendrá que ser el juzgado de ejecución quien ejecute la sentencia para que se le aplique la inhabilitación.

La sentencia debe revisarse por parte de la nueva Sala Penal, reiteró la defensa de Casaña, pues a su criterio, la anterior se excedió al otorgar la inhabilitación.

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