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El Ministerio Público, con apoyo de distintas instituciones públicas, inició este miércoles en todo Honduras la Operación Salud VII a través de la cual vigilará el cumplimiento de congelamiento de precios a 40 productos de la canasta básica durante la época de Navidad y fin de año.
Las inspecciones se realizan a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, a fin de corroborar que los establecimientos de venta cumplan con el acuerdo 136-2022 de fijación de precios de 40 productos de temporada, emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico.
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La vigilancia se ejecuta en supermercados, mercados, carnicerías y abarroterías, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Con el operativo "el Ministerio Público busca evitar el acaparamiento y la especulación de precios de los productos de la canasta de mayor demanda que se comercializan durante la época navideña y fin de año", agregó la Fiscalía hondureña.
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Además, la Fiscalía hará supervisiones en farmacias, hoteles, restaurantes y servicio de transporte interurbano, rubros en los que se comprueba permisos vigentes, tarifas y si se cumple con el otorgamiento del descuento a las personas de la tercera edad.
Otras acciones
Otras áreas de interés son los asilos o casas albergues, las que se visitan con el propósito de determinar las condiciones y el bienestar de la población adulta mayor, agregó el Ministerio Público.
Las inspecciones se extenderán a lo largo del periodo de festividades navideñas y fin de año, con apoyo del personal del Marco Normativo de Salud Pública, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Dirección de Protección del Consumidor (DPC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Justicia Municipal y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), concluyó el comunicado de la Fiscalía.
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Multas
Las autoridades de Desarrollo Económico anunciaron a inicios de diciembre que aplicarán fuertes multas a quienes alteren el precio de los productos básicos, tras la fijación de valores.
Según Desarrollo Económico, la Ley de Protección al Consumidor establece multas de 1 a 10 mil salarios mínimos a quienes aumenten el precio de los productos.
Además, contempla el cierre de negocios, que pude ser en un periodo de uno a 30 días, y hasta acciones legales.
