El Ministerio Público allanó este viernes la vivienda de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo, en la colonia Miramontes, de Tegucigalpa por un presunto desvió mayor a los 7 millones de lempiras de indemnización para familiares de reclusos fallecidos en incendio de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, Cortés.

Según el comunicado oficial, lo supuestamente apropiado por la exfuncionaria corresponde a 7 millones 140 mil 529 lempiras con 62 centavos (L 7,140,529.62).

Este caso data del 17 de mayo de 2004 cuando un siniestro por un cortocircuito, sumado a negligencia policial, cobró la vida de 107 privados de libertad y dejó más de 25 heridos. Por esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2012 al Estado de Honduras y le obligó a pagar 317 mil lempiras a cada familia de las víctimas.

No obstante, las diligencias de la Fiscalía apuntan que Pavón Bustillo cobró los fondos -haciendo uso de una carta poder- y utilizó parte de ello para provecho personal.

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Al respecto, la exinterventora del INP recibió el dinero mediante 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH).

Por tal razón, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutan el allanamiento para recolectar indicios "que puedan constituirse como prueba frente a un eventual proceso penal".

Uno de los agentes asignados a la operación reveló para el noticiero TN5 Matutino que la señalada no se encontraba en la vivienda al momento de la llegada de los fiscales.

El Ministerio Público finaliza el comunicado de la acción oficial recordando que "el pasado 21 de enero, se cumplió con una inspección en las instalaciones del INP, donde en ocasiones anteriores se había negado el ingreso del personal fiscal e investigativo".

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