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De acuerdo a los expertos consultados por Telenoticias, el hacer una relación de hechos, que van desde la polémica elección de la directiva del Congreso Nacional, el procurador de la República y otros actos que, según algunos parlamentarios del oficialismo lejos de prestigiarlos los daña como partido político, también exhiben innecesariamente al país.
Y es que las estocadas arteras a las leyes secundarias y a la misma Constitución de la República iniciaron en la presente Administración legislativa con la elección y juramentación de la actual Junta Directiva, señaló Merary Díaz, diputada del Partido Nacional.
"Quien juramentó esta junta directiva ilegal fue una persona inhabilitada y sin el procedimiento de ley como lo establece la Constitución de la República", indicó.
Una junta directiva que no solo arrastra a las críticas por su ilegalidad, sino que también tiene en sus filas a dos diputados de Libertad y Refundación (Libre, en el poder), que pese a tener una sentencia firme siguen al margen de la ley en sus cargos.
"Tenemos dos diputados que tienen sentencia firme que están inhabilitados y siguen operando en el Congreso Nacional", expuso la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Se trata de los diputados Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos del partido en el gobierno, Libre (de izquierda).
Casaña fue inhabilitado de ejercer un cargo público tras una sentencia por el delito de abuso de autoridad en perjuicio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
En el caso de Rasel Tomé, tiene una condena de tres años de reclusión y seis de inhabilitación especial por el delito de abuso de autoridad cuando ejercía la titularidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2006 y 2008.
Elección ilegal de titulares del PGR
Esa misma junta directiva eligió, al margen de la ley, al procurador y subprocurador de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas y Tomas Emilio Andrade Rodas.
Además, aprobaron dictámenes que hicieron ley sin tener los votos necesarios (65, mayoría simple) y ahora buscan mandar a sanción un decreto sin pasar por la obligada ratificación legislativa.
"Debemos ser un poco más sabios en estas cuestiones, creo que la ratificación del acta está señalada en la Ley Orgánica del Congreso y ahora dicen que no es constitucional; no todo va estar establecido en la Constitución", dijo la designada presidencial, Doris Gutiérrez.
El pasado martes el convenio de suscripción a la CAF se aprobó en el Congreso Nacional con 66 votos y entre ellos el de 13 diputados liberales, de los que no se tiene la plena certidumbre si seguirán línea de partido o votarán de acuerdo a sus intereses personales.
Hasta ahora las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y del Partido Nacional se mantienen firmes en no apoyar la ratificación del acta, y quedaría en manos de algunos diputados liberales si siguen la línea partidaria o se deciden apegar a este convenio con la CAF.
