Esa situación provocó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentara una denuncia por violación de los deberes de los funcionarios contra el exdirector de la OABI, Jorge Gonzales Salinas, quien habría omitido la acción del exfuncionario de la Administración Manuel Zelaya Rosales.

"Definitivamente vamos a tener que tomar decisiones y en este momento estamos preparando un informe detallado para presentarlo a la presidenta Xiomara Castro. Acciones habrán, aunque en este momento no podemos detallarlas", declaró a tunota.com el miembro de la Comisión Interventora de la OABI, Rigoberto Portillo.

Agregó que han identificado otros casos de entrega de bienes sin resolución judicial y que se han encontrado "con varias sorpresas", aunque no respondió si entre las acciones a ejecutar figura desalojar a Marcelo Chimirri.

"Hay bienes que se vendieron de manera ilegal y documentación que no se ha entregado. Hay varios aspectos que vamos a seguir revisando y decisiones que se van a tomar", confió escuetamente el funcionario a este medio de comunicación.

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En el caso de Marcelo Chimirri, según la denuncia del CNA, el exfuncionario llegó hasta una lujosa vivienda localizada en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, que le fue incautada el 6 de abril de 2013 y declarado en comiso en 2016 y, acompañado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), irrumpió a través de una ventana y exigió al personal de seguridad que abandonara la residencia.

Sin embargo, Chimirri no contaba con una resolución judicial emanada del Juzgado de Privación de Dominio ni con una orden de la OABI que le permitiera reclamar de manera forzada el lujoso bien.

La acción cometida por el exgerente de Hondutel la hizo con el aparente aval del exdirector de la oficina de Estado que administra bienes incautados, de acuerdo al CNA.

"El juzgado declaró el comiso total desde 2016 y se desconoce bajo qué argumento se la devolvieron o la obtuvo, cuando se ordenó el comiso de todos sus bienes", dijo a tunota.com una fuente oficial del Poder Judicial.

Añadió que la OABI estaba obligada a ejecutar lo que ha sido dictado en la sentencia, es decir, formalizar el traspaso del bien al Estado, y que el Juzgado de Privación de Dominio "no tiene responsabilidad si la OABI no ejecuta lo sentenciado."

La propiedad está bajo comiso total y, por lo tanto, le pertenece al Estado hondureño desde la fecha antes descrita. El Estado, a su vez, se lo asignó a la Cruz Roja en 2015 en concepto de comodato.

El contrato establecía dentro de una cláusula que la Cruz Roja podía reclamar el bien, y, aunque el ente nunca lo hizo, sí estaba vigente el comiso a favor del Estado hondureño decretado por un juzgado del Poder Judicial.

El 3 de marzo de 2022, gracias a una polémica amnistía aprobada en el Congreso Nacional que abarca delitos contra la administración pública (hay admitido un recurso de inconstitucionalidad), Marcelo Chimirri fue absuelto de los delitos de violación de los deberes de funcionarios y cohecho por los cuales había sido sentenciado a 17 años de reclusión.

Desde el Ministerio Público, ante las consultas hechas por este medio de comunicación, únicamente respondieron que se "actuará de oficio" una vez que el CNA presente toda la documentación relacionada a este caso de presunta corrupción que salpica a uno de los funcionarios nombrados por la Administración Xiomara Castro, Jorge Gonzales Salinas.

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