Durante su intervención, el funcionario destacó como logro el hecho de haber evitado que los hondureños pagaran 7,109,200.00 millones de lempiras en concepto de extorsión. Además, se decomisaron L2,654,080.00 durante las operaciones y capturas, y se aseguraron bienes valorados en L6,000,000.00 vinculados a este delito.
No obstante, para la diputada Elvir, esta suma de casi L16 millones en siete meses "no es nada" en comparación con los L18 mil millones anuales que, según un estudio en su poder de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los ciudadanos presuntamente pagan debido a este flagelo. Este estudio ha sido impulsado por organizaciones internacionales.
Durante una entrevista en radio HRN, la congresista afirmó: "Esa cifra que ha presentado el ministro de Seguridad es nada respecto a esta gran cantidad. Es un gran negocio donde están metidos muchos actores, no solo de la Policía Nacional ni de la Corte Suprema de Justicia, también hay personas en este poder del Estado (Legislativo) que están metidos en extorsión".
Además, Elvir señaló que los afectados por la extorsión son tanto pequeñas como medianas empresas, y, por lo tanto, es necesaria una política pública de seguridad que garantice la prevención y reinserción social, en lugar de limitarse a mantener un estado de excepción.
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Cifras sin fundamentos
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisario Edgardo Barahona, rechazó las declaraciones de la diputada del PSH, ya que estas se basan en datos de la ASJ, una organización de sociedad civil "que no recolecta datos ni recibe denuncias de extorsión".
"Lo que el secretario de Seguridad divulgó en el Congreso Nacional datos estadísticos que nosotros como Policía recolectamos, porque a nosotros nos corresponde ese tipo de situaciones", explicó el subcomisario a tuntoa.com.
Además, el subcomisario invitó a la diputada Iroshka Elvir a la Secretaría de Seguridad "con los datos que ella tiene para validarlos", los cuales son proporcionados a ellos por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
También sería pertinente que, para refutar datos oficiales, se utilicen fuentes como las cámaras de comercio e industria o el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quienes sí recolectan información relevante sobre la extorsión y así canalizar sus cifras.
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