En ese contexto, el estadounidense recordó que la defensa del exmandatario, a su llegada a Nueva York tras ser extraditado el 21 de abril de 2022, acusado de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas, era nutrida y estaba integrada por los abogados Raymond Colon y Daniel Pérez, el detective Ángel Martínez y el rabino Bar-Levy. De estos, solo Raymond permanece al lado de alias JOH (por las siglas del exgobernante).

"Colon estaba solicitando documentos clasificados, no le dieron acceso a él porque tiene algo que el Gobierno (de Estados Unidos) no confía en él o algo en su pasado", manifestó Vigil a tunota.com.

Al respecto, para tener acceso a información clasificada, el expresidente Hernández tuvo que contratar a la abogada Sabrina Shroff, especializada en dicha área. Sobre este material, el exagente de la DEA consideró que la estrategia de lo que queda de la defensa de JOH es solicitar grandes cantidades de información al Gobierno de Estados Unidos, representado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, para retrasar o anular el juicio contra el exmandatario, mismo que está programado para el 5 de febrero de 2024.

"Están tratando de solicitar más y más información pensando que si el Gobierno no se lo da, el juez Kevin Castel (quien dirige el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York) va a anular el caso (…) yo no creo que le va a ir muy bien a Juan Orlando", explicó Vigil.

El exjefe de operaciones de la DEA señaló que JOH es inocente hasta que se demuestre lo contrario; sin embargo, analizó que la Fiscalía de Nueva York no presentaría una acusación formal contra el expresidente de una nación si no tuviera la evidencia contundente para ganar el caso.

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JOH pide prórroga y un abogado adicional

Este 10 de enero, el abogado Colon envió una carta al juez Castel solicitando una prórroga de 30 a 45 días para el inicio del juicio contra Hernández, dando como razones problemas de salud propios y la necesidad de más tiempo para procesar la cantidad de información entregada por la Fiscalía.

Asimismo, adjuntó una carta escrita por JOH dirigida a Castel donde expresó que la defensa enfrenta dificultades debido a la falta de tiempo para revisar exhaustivamente la información proporcionada por el Gobierno.

Ante esta circunstancia, Hernández solicitó la asignación de un abogado de la defensa pública para reforzar su equipo, considerando las limitaciones de recursos para contratar más representantes legales. Además, requirió un aplazamiento del juicio por siete semanas, argumentando que este periodo adicional es esencial para una adecuada preparación junto a la nueva defensa incorporada.

Posiblemente no habrá prórroga

Inicialmente, el juicio contra Hernández estaba programado para el 18 de septiembre de 2023; sin embargo, tras dos prórrogas aprobadas por Castel, ahora está agendado para el 5 de febrero de 2024, y un tercer aplazamiento será difícil que lo aprueben, consideró el abogado hondureño Marlon Duarte.

"Lo más prudente o lo más justificable para una prórroga sería por el estado de salud del expresidente; la condición de salud del imputado es lo más importante de este caso; si el estado de salud del acusado está quebrantado no podría realizarse el juicio y alargarse hasta el tiempo que pueda recuperarse", manifestó el jurista a TN5 Matutino de Canal 5.

Hernández, en su carta, también explica que sus ahorros fueron congelados y por ello no tiene recursos para contratar nuevos abogados e incluso seguir pagando a Shroff, no obstante, para Duarte este no es impedimento para la realización del juicio, pues Hernández es un imputado más a quien puede asignársele defensa pública.

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