La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sugirió este jueves revisar el plan de control territorial y adaptar el modelo impuesto contra las pandillas en El Salvador, por el presidente de esa nación Nayib Bukele.

La funcionaria hondureña, publicó en su red social de Twitter: "¿Cómo contrarrestar la violencia en Honduras? ¿Cómo lograrlo en un país q se transformó en un NarcoEstado? El respeto a DDHH es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los hermanos salvadoreños? Revisemos el Plan Control Territorial y Adaptemos lo + @XiomaraCastroZ @nayibbukele".

No obstante, la postura de la segunda al mando de la Secretaría de Seguridad, despertó diferentes posturas. Para el caso, desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideran que no es posible replicar modelos de otros países. No obstante, lo ideal es realizar un trabajo integral y preventivo, según la ASJ.

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La política implementada en el vecino país es considerada una involución que lamentablemente ha dado resultados. Aunque lo ideal debería ser políticas democráticas, enfocadas en educación y oportunidades.

Los consultados señalan que la publicación de Villanueva solo refleja la necesidad de una estrategia puntual en Honduras. Esto implica conocer resultados y experiencias de otras naciones de la región.

De igual forma, los expertos consideran que con el mensaje se deben poner la bardas en remojo, porque el modelo salvadoreño de "mano dura" es un retroceso y tiene muy poco que ver con los descensos de los homicidios, ya que esto responde más a negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales.

Estado de excepción en El Salvador

El Salvador suma más de dos meses en estado de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días tras una la escalada de asesinatos registrada a finales de marzo y atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha MS-13, y ampliado dos veces.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registra 1 mil 931 denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción implementado en el país desde finales de marzo pasado para combatir a las pandillas, según se informó este jueves.

Con el estado de excepción se suspende a los salvadoreños el derecho de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción se vuelva la "norma" y que "termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho" en el país centroamericano, según dijo en una entrevista reciente su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.

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