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El empresario de la zona sur indicó que la Ley de Justicia Tributaria respeta el derecho adquirido en cuanto a exenciones estipuladas en los regímenes fiscales vigentes, pero elimina las Órdenes de Compra Exentas (OSE), mecanismo que consiste en la devolución de dinero que hace el Gobierno del impuesto pagado por empresas exoneradas.
"Eso significa que una empresa tendría que pagar el Impuesto Sobre Venta (ISV) en ese momento y después recuperarlo del Gobierno, (pero) la realidad es que el Gobierno no ha devuelto un centavo de créditos fiscales en los últimos 6 años", aseguró en Frente a Frente, de Canal 5.
Wilson señaló que en su caso particular, la deuda del Estado asciende a los 200 millones de lempiras.
"Hay derecho adquirido, pero tiene que pagar el impuesto que históricamente jamás han devuelto, esa es la trampa que se está tendiendo", explicó.
Señaló que otra "trampa" de la reforma es que la Secretaría de Finanzas (Sefin) investigará los abusos en exoneraciones y cancelará los beneficios a los responsables, algo que, según él, genera un conflicto de interés intrínseco de segregación de funciones.
"Por un lado tiene la necesidad de cobrar dinero y por el otro lado tiene la potestad de declarar inelegible para el beneficio, permitiéndole (a Sefin) cobrar dinero. Básicamente es juez y parte de una situación, eso es muy riesgoso", consideró.
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El empresario señaló que esta situación afectará la inversiones para el crecimiento en el futuro.
"Es engañoso decir 'no van a perder ningún beneficio' y la verdad de las cosas van es que van a pagar impuestos y sufrir un efecto negativo en el flujo", aseveró.
Gobierno consciente del problema de devolución
El director del Servicio de Administración de Renta (SAR) Marlon Ochoa aceptó que el Gobierno es ineficiente con las devoluciones y notas de crédito, por eso aclaró que la reforma tributaria no elimina las OSE de manera inmediata.
Se quitarán "en un plazo prudencial hasta que nosotros logremos bajar el tiempo de devolución o el tiempo de aplicación de las notas de crédito a 30 días, a la mitad de lo que establece la ley", detalló.
En tal sentido, catalogó como falso que las OSE sean un derecho adquirido, que son un mecanismo mundial, que generará problemas de flujo de caja y que no se reconocerán sus privilegios vigentes, aún con la aprobación del proyecto y afirmó que decir lo contrario es manipulación de la información.
