El analista político y económico, Roberto Lagos, dijo este lunes a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que si no detallan la adquisición por parte del Estado de generadores de energía privados con un justiprecio esto podría alejar la inversión al país.

"Hay un tema de economía del derecho (...) yo no estoy en contra que apliquen la reformas desde la perspectiva que tienen, tienen el derecho de aplicarla, pero tienen que dar claridad", señaló.

En tal sentido, consideró que utilizar términos limitados "es lo que sale en la Constitución", pierde credibilidad en los mercados internacionales y alejan la inversión extranjera de Honduras.

Sobre ello, la ministra respondió que el método de justiprecio es "un precio justo", el cual saldrá de la evaluación íntegra de las empresas.

"Evalúa la inversión total, inversión en bienes, inversión en servicios, evalúa todos los costos completos", explicó.

Asimismo, detalló que este proceso está siendo realizado por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, perteneciente al partido oficialista de izquierda Libertad y Refundación (Libre), junto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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"Están en los 60 días de auditoria de 28 empresas y 28 contratos desde la perspectiva legal, económica, de sus tasas de retorno, número de contratos que llevan, están haciendo una evaluación justa", expresó Moncada.

Al respecto, detalló que se busca que los hondureños paguen un precio justo por la energía.

"No es posible que en Estados Unidos cuesta 2 centavos (de dólar kilovatio hora 'kWh'), en la región centroamericana cuesta 9 centavos y en Honduras cueste 18 centavos", acotó.

"Que tenga exoneraciones totales, que se pague potencia firme en plantas que no la entregan, que se pague un 10% de incentivos adicionales, que se pague un incentivo temporal", agregó la ministra, afirmando que esto causó un perjuicio económico a la ENEE.

Justiprecio en la Ley de Energía

El 16 de mayo entró en vigencia la nueva Ley Especial de Energía Eléctrica que autorizó al Estado renegociar los contratos dentro de un periodo de 60 días, el cual finalizó el pasado 14 de julio sin llegar a un acuerdo.

La misma establece que después de terminado el plazo y de no llegar a un convenio se proseguirá con la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado con un justiprecio a efectuarse dentro de un nuevo periodo de 60 días, el cual está en marcha.

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