Esta destitución, que no implica responsabilidad u obligación para la institución, se fundamentó en la contravención de los motivos de despido establecidos en el artículo 63, incisos a) y d), de la Ley de la Carrera Judicial, y en los literales a) y d) del artículo 187 de su reglamento, que hacen referencia a faltas graves y su reincidencia.

En relación a este suceso, Karla Romero afirmó que su cese "es una persecución política" ejecutada de manera unilateral por la presidenta de la CSJ quien, según ella, deberá responder si es manipulada por otros poderes del Estado. Argumentó que las bases de su despido se sustentan en una ley derogada (ley de la carrera judicial).

No obstante, dejó constancia de que detrás de su destitución se halla el diputado Luis Redondo, a quien no reconoce como presidente del Congreso Nacional. En contra de Redondo, Romero presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Ministerio Público por supuestas amenazas de muerte, a través de un intermediario.

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"Es una persecución política, claro que lo es (el responsable es) la persona que denuncie en el Conadeh y MP, el licenciado en informática y diputado, Luis Redondo, es lo que me parece a mí", expresó en el espacio Frente a Frente del Canal 5.

En ese contexto, rememoró que la acusación surgió luego de recibir mensajes, de una tercera persona y de manera reiterada, donde se le advertía que había "haberse metido con la persona equivocada" con la capacidad para destruirla y que no volvería "a ver la luz del día".

Según Romero, estos episodios representan una serie de represalias debido a que no denominó a Redondo como 'presidente del Congreso Nacional' durante la toma de juramento de la presidenta Xiomara Castro en su investidura el 27 de enero de 2022.

El despido fue inmediato una vez que la jueza fue notificada por la Secretaría de la CSJ. Romero tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial.

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