Por lo tanto, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentará un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en respuesta al fallo emitido hoy por el tribunal de sentencia de Siguatepeque en el caso del asesinato de la estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
El Ministerio Público expresó en un comunicado: "Al dictar el tribunal de sentencia una condena por el delito homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión, se favorece aún más al policía imputado".
Tras conocer la decisión de los jueces con respecto a la calificación del delito, la madre de Keyla, Norma Rodríguez, manifestó su descontento, afirmando que la sentencia se dictó "con los ojos vendados" y que considera que benefició al policía Perdomo.
En medio de lágrimas, durante una transmisión en Facebook Live, expresó su tristeza y decepción, y señaló: "Estoy muy triste y decepcionada al saber que no se ha hecho justicia, al saber que una vez más hemos sido golpeados por el crimen organizado que impera en nuestro país. En Honduras no hay justicia".
Además, dirigió un mensaje a la Secretaría de Seguridad, en particular a la viceministra Julissa Villanueva, expresando: "Me imagino que están orgullosos los señores del ministerio de Seguridad y doña Julissa Villanueva ha de estar muy contenta, pero, no vamos a parar, vamos a seguir luchando hasta que los asesinos paguen por lo que le hicieron a Keyla".
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Antecedentes
El 7 de febrero de 2021, Keyla Martínez, una joven de 26 años y estudiante de enfermería, falleció dentro de una celda en la Unidad Departamental Policial Número 10 (UDEP-10) de La Esperanza, Intibucá.
El agente policial Jarol Perdomo fue llevado a juicio como principal sospechoso en este caso. Durante el proceso legal, la Fiscalía presentó pruebas técnicas-científicas y testimonios de testigos y agentes que participaron en la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos.
El comunicado del Ministerio Público detalla que entre las pruebas presentadas en el juicio se encuentra una inspección judicial de reconocimiento en la celda y análisis de videos forenses que muestran el tiempo que el imputado permaneció en el lugar donde estaba recluida la joven y su comportamiento sospechoso al no regresar a su posición como asistente del comandante de la estación policial y responsable de las llaves de las celdas y la custodia de los detenidos.
Los resultados de la autopsia psicológica y el dictamen de patología forense confirmaron que Keyla no tenía trastornos que la llevaran al suicidio, y establecieron que su muerte fue homicida y que la causa de la misma fue la asfixia debido a la obstrucción de sus vías respiratorias.
Además, se presentó evidencia documental que incluía los registros de novedades de la posta y las patrullas asignadas a la UDEP-10. Esta documentación probatoria indicaba que hubo manipulación en la escena del crimen por parte del policía acusado.
El MP señala que el caso inicialmente fue presentado como femicidio agravado, pero un tribunal de La Esperanza, Intibucá, lo tipificó como homicidio simple. Como resultado, el Ministerio Público presentó una acción de amparo constitucional que fue declarada "Sin Lugar", y se planteó el mismo recurso por parte de los acusadores privados, confirmando la decisión inicial.
El juicio concluyó en septiembre de 2022, pero el tribunal emitió la condena recién hoy debido a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no había resuelto la acción de amparo presentada por la acusación privada en representación de la familia de la víctima.
