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Cálix expresó su pesar por la incertidumbre que viven y advirtió que están empezando el año con nuevas estructuras criminales que han iniciado pidiendo el pago por concepto de extorsión.

A pesar de que el negocio del transporte es rentable, el dirigente dijo que, "todas las ganancias se ven afectadas por las estructuras criminales".

El informe "Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados", presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), reveló que durante el 2023, el delito de extorsión alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años en Honduras.

El plan antiextorsión

A pesar de la implementación del plan antiextorsión y la declaración del estado de excepción, la extorsión afectó al 11.1 % de la población hondureña en 2023, según el informe.

Sin embargo, desde el anuncio del estado de excepción, la Secretaría de Seguridad informa que se realizaron 314 detenciones de personas vinculadas al delito de extorsión y se remitieron 40 casos investigados al Ministerio Público.

No denuncian

A pesar de las medidas tomadas, las autoridades expresan su preocupación por la falta de una cultura de denuncia ciudadana, lo que dificulta la lucha contra la criminalidad dedicada a la extorsión.

Cálix destacó que ya existe un anteproyecto de ley que busca reclasificar el delito de privado a público, lo que facultaría a las autoridades para intervenir de oficio.

En apenas 11 días del año 2024, tres rutas en Tegucigalpa se vieron obligadas a paralizarse debido a la incapacidad de pagar la cuota de extorsión impuesta por nuevas estructuras criminales, según denunció el dirigente.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la lucha contra la criminalidad y garanticen la seguridad de los transportistas y colaboradores en este sector.

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