Gutiérrez cuestionó la "aparente indiferencia" del Congreso hacia las graves problemáticas que aquejan al país en este momento, poniendo en riesgo la institucionalidad.
En sus palabras, "parece que no hay interés alguno en resolver, ni siquiera a través del nombramiento de las autoridades, para garantizar el funcionamiento de estas instituciones".
Sin embargo, los representantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) optan por restar relevancia a las declaraciones de Gutiérrez, aunque aseguran respetar su opinión.
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Según el diputado Rasel Tomé, "las opiniones deben ser respetadas. Ella tiene sus puntos de vista, pero nosotros seguimos trabajando en el Congreso".
Por otro lado, la diputada del opositor Partido Nacional, Merary Díaz, enfatizó que la indiferencia del Congreso Nacional no se limita a la elección de autoridades secundarias, sino que también afecta problemas fundamentales que aquejan a la población.
Según Díaz, "el pueblo está sufriendo por la falta de empleo, medicamentos y seguridad y el Congreso no ha tomado medidas adecuadas. Los intereses de Libre no coinciden con las necesidades del pueblo hondureño".
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Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), señaló la tendencia de quienes están en el poder de "inventar el agua caliente", descuidando así el resto de la institucionalidad pública.
Nombramientos pendientes
El Congreso hondureño tiene pendiente la elección del nuevo Fiscal general y fiscal general Adjunto del Ministerio Público (MP), para sustituir en los cargos a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, quienes vacaron el 31 de agosto pasado. Vea las propuestas.
Los diputados sesionaron entre el 29 y 31 de agosto para escoger a los nuevos titulares del MP, pero por falta de consensos no pasó ninguna de las dos mociones para ese objetivo, una presentada por Libre y otra por el Partido Salvador de Honduras. Vea aquí las propuestas.
Además, el Congreso tiene pendiente escoger a los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, y nombrar a uno magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), tras la renuncia del presidente de ese órgano Roy Pineda, que ahora integra el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y dos vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
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