Las ganancias por extorsión en Honduras, Guatemala y El Salvador está dejando a los grupos criminales $1,100 millones por año, según el informe de Global Financial Integrity (GFI), lo que al cambio de hoy se traduce en L27 mil millones.

Desde hace años la extorsión ha estado acorralando a pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también a los ciudadanos del triángulo norte.

En el presente año se percibe que la extorsión se salió de control y que rebasa la capacidad de respuesta de las autoridades.

Honduras, Guatemala y El Salvador se plantean grandes desafíos y estrategias de respuesta para combatir el flagelo.

Así también, los analistas señalan realidades urgentes de abordar y dan ejemplos de medidas aplicadas que se pueden emular para evitar las ganancias de la extorsión a los criminales.

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"Se necesita investigación"

Honduras adquirió equipo para el combate a la extorsión.

Israel le vendió a Honduras tecnología para interceptación de teléfonos celulares y medidas electrónicas.

Corea del Sur apoyó con el entrenamiento de una Unidad de video forense. Mientras Colombia apoyó con capacitación.

La Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), también capacitó y organizó intercambio de experiencia entre los países del triángulo norte.

En tanto, México ayudó con el intercambio de información para alertar cuando los extorsionadores eran identificados en la ruta migratoria.

Pero aún así, hace falta definir estrategias contundentes para combatir la extorsión, expone Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia.

“Hace falta capacidad. Hace falta mucha investigación, mucha capacidad procesal, organizativa, porque nos está ganando la batalla el crimen”, expresa.

León dice que debe haber un replanteamiento a nivel de Estado y policial, porque hasta ahora no dan respuestas.

“Se exige mucho públicamente y hay muy poca respuesta. Se debe apostar a la investigación”, señala.

"Mano dura" en El Salvador"

Por su parte, Celia Medrano, analista en seguridad en El Salvador, refiere que
la extorsión se ha normalizado y que los afectados no se reconocen como víctimas de ese delito.

“Suelen incluso llamarlo de otra manera: colaboración o renta”, comenta Medrano a tunota.

La incapacidad real de abordar integralmente este delito, según la analista salvadoreña, está llevando a los Gobiernos a recurrir a prácticas de "populismo punitivo".

Para el caso, implementar acciones de mano dura que no resuelven el problema de manera sostenible a mediano y largo plazo, pero con su contundencia y brutalidad tienen alta aceptación popular.

"Eso brinda temporalmente la percepción de seguridad en la población”, explica.

Sin embargo, las consecuencias de esas medidas a largo plazo pueden ser graves.

Por eso, las organizaciones de sociedad civil de El Salvador han advertido que un régimen de excepción permanente, aunque aparente seguridad inmediata, solo es
un instrumento de control social.

Es una solución basada en el miedo, poder total e impunidad.

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Desafíos en Guatemala

Guatemala vive también el flagelo de la extorsión.

Por ello se ha comenzado a revisar el abordaje policial-fiscal, las implicaciones operativas, investigativas y judiciales, así como los resultados alcanzados.

Las fuerzas de seguridad, explica el exministro de Gobernación en ese país, Carlos Medrano, se están articulando para evitar las ganancias de la extorsión.

Hay un mayor énfasis en el Ministerio Público y la Unidad de División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

“Guatemala está trabajando de manera articulada los casos de extorsión a nivel nacional. Han desmantelado a estructuras criminales no solo de pandillas que hacen extorsiones. También hay un mayor incremento de operativos, más investigación e inteligencia", señala el exfuncionario.

No obstante, apenas tienen cuatro mil investigadores a nivel nacional. Eso rebasa las capacidades institucionales de la Policía y el Ministerio Público en relación con los casos que se registran a diario.

Guatemala ha entendido también que tienen que tomar medidas colectivas preventivas para contribuir a la mitigación de los riesgos potenciales a los que se enfrentan.

Deben hacerlo ya, antes de que la extorsión se arraigue y, peor aún, se normalice.

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Colombia y las autodefensas

En Colombia, el analista en seguridad, Johan Avendaño, indica que se incentivaron los frentes de seguridad como respuesta a la extorsión.

Se instalaron en zonas donde habían varios comerciantes que se unieron para alertar sobre algún evento. Por ejemplo, un intento de robo o extorsión, y así actuar en consenso.

“Esos comerciantes se asociaron y pagaron seguridad para mitigar el efecto de la extorsión.

¿Pero qué fue lo negativo en Colombia entre los años 90 y 2000? Que en las zonas rurales muchos empresarios del campo se agruparon bajo esas fuerzas, pero pasaron la línea y se tomaron la justicia por sus manos”, destaca.

Fue así como se crearon lo que se conoce en Colombia como las autodefensas y paramilitarismo. Fue cuando empezaron a sustituir el rol del Estado, tomaron la justicia por sus manos e impusieron sus propias leyes.

Recomendaciones

Como medidas inmediatas para combatir la extorsión, el informe de Global Financial Integrity (GFI) sugiere lo siguiente:

1- Los países del triángulo norte deben apalancar la política antilavado como una herramienta clave para combatir la extorsión rastreando las ganancias de la extorsión.

2- Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” en posibles casos de extorsión.

3- Implementar registros de beneficiarios finales para abordar la problemática de las empresas fachada en casos de extorsión y lavado de dinero.

4- Mejorar la calidad de la información de las estadísticas oficiales de extorsión para medir la efectividad de las políticas y acciones programáticas.

5- Trabajar con empresas de telecomunicaciones para encontrar soluciones a los
esquemas de extorsión telefónica.

6- La inclusión digital financiera, especialmente en el sector transporte, ayudaría con nuevos métodos de pago que no sean solo en efectivo.

7- Incorporar medidas anticorrupción en todos los programas antiextorsión.