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Una concentración de poder, la discrecionalidad para volver a la clasificación de información como secreta y una dedicatoria a la cooperación internacional para que no opinen de asuntos internos, son algunas de las novedades que contiene el proyecto de ley de Defensa y Seguridad Nacional al que contempla eliminar la forma de elección del nuevo director de la Policía, último que el asesor presidencial y coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, aceptó y atribuyó esa acción a un error involuntario.
La nueva integración del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el principal cuestionamiento de los sectores de la sociedad porque aseguran que es una concentración del poder en el Ejecutivo.
"Es un tema trascendente para el país y no puede haber concentración de poder en un tema como en el de defensa y seguridad, esa fue una crítica de la administración anterior y no puede repetirse ese mismo estilo en esta gestión, si era malo en la gestión anterior seguirá siendo negativa para el país por el estilo de gestión de Libre y de la familia presidencial sin duda los integrantes del Consejo de Seguridad y Defensa va a recaer sobre la familia presidencial, el país no puede dar pasos a que se consolide una dinastía como la de Nicaragua", dijo Julieta Castellanos, miembro fundadora de la Red-H.
En la nueva ley se deja por fuera a los representantes del poder Legislativo, Judicial y el titular del Ministerio Público.
En el Partido Nacional explican que es una ley calcada de Nicaragua para concentrar el poder.
"Esta ley es una ley calca de Nicaragua donde se concentra el poder, quieren quitar al fiscal, al presidente de la Corte, el Consejo de Defensa y Seguridad y poner al Procurador General de la República", expresó Antonio Rivera, diputado PN.
Otro de los señalamientos es que la integración del consejo está que el titular del Poder Ejecutivo, quien lo preside será asistido por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto, figuras que preocupan por la importancia de los temas que ahí se deciden.
"Estamos asombrados que ahora venga un proyecto diferente desde el Ejecutivo y que ese proyecto venga con cosas que son muy delicadas porque son tan perjudiciales como las que tenía la ley de Juan Orlando Hernández, quizá aquella mucho más porque era concentrada en una persona y ahora aparece la figura de un secretario que no se sabe quién es del secretario del secretario que no se sabe quién es ni que funciones tiene", dijo salvador Nasralla, designado presidencial.
En la ley se cuestiona que en el artículo 23 se pretende derogar el artículo 45 de la ley orgánica de la Policía Nacional; sin embargo, el asesor presidencial en el foro de Frente a Frente dijo que reformar o quitar la forma de elegir al director general de la Policía Nacional en el dictamen fue un error.
"La inclusión del artículo 45 fue un error del que envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, fue excluido y está excluido del dictamen porque lógicamente el nombramiento del director y subdirector de la Policía corresponde a una nomina y así se hizo en este gobierno que envía la Policía Nacional a la presidenta de la República.
La iniciativa de ley en mención establece los proceso de clasificación y desclasificación de información en materia de defensa y seguridad, por lo que se cuestiona que podría ser el reemplazo de la Ley de Secretos que derogó el presente Congreso.
Ley excluía altos mandos
El proyecto de ley enviado por la presidenta Xiomara Castro pretendía excluir del Consejo de Defensa y Seguridad a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP) y Defensa, es decir tres de los seis miembros.
Para que de esa forma quedara conformado el Consejopor el titular del Poder Ejecutivo (Xiomara Castro), asistido por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto.
Además, los titulares de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, Cancillería, Dirección de Marina Mercante, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Procuraduría General de la República.
De igual manera, la Dirección de Administración Aduanera de Honduras, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado.
Si el decreto se aprobaba, el Consejo Nacional de Defensa hubiera estado integrado, en su mayoría, por entes que depende del Ejecutivo, mientras que, actualmente, ese ente está conformado por seis instituciones, de las que solo la mitad son de ese poder.
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