Honduras permite la extradición a Estados Unidos por un tratado suscrito entre ambas naciones en 1909 y un convenio adicional de 1927, sin embargo, en ninguno se establece el proceso a seguir por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un auto acordado en 2013 con el procedimiento a continuar.

En ese sentido, expertos avalan que el Congreso Nacional debería crear una Ley de Extradición que estipule los pasos a seguir en dichos casos.

"Una Ley de Extradición sería lo más idóneo que tendríamos en Honduras porque el auto acordado no puede estar sobre la Constitución de la República sin existir una ley, es algo emergente", indicó la ex jueza del Tribunal de Sentencia, Dora del Carmen Ramos en el foro Frente a Frente de Televicentro.

Para la profesional del derecho, es necesario que se dicten los parámetros exactos a seguir en las solicitudes de extradición.

Del mismo modo, la abogada experta en derecho penal, Ritza Antúnez, aseguró que establecer una ley dará principios y garantías.

"Se creó un sistema de justicia en donde el respeto a los derechos fundamentales al debido proceso dejó de existir", argumentó.

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La institucionalidad no está dada para una Ley de Extradición

En contraste la abogada constitucional, Ruth Lafosse, se pronunció en contra de una ley sobre este tema, debido a que las estructuras del Estado no están dadas para ello, además de tratarse de un proceso administrativo de colaboración.

"Tal como estamos en este momento, la institucionalidad o estructuras del Estado no están dadas como para poder visualizar una iniciativa de ley que consideremos efectiva", expresó en el foro Frente a Frente.

Enfatizó que en estos momentos no se puede dar una ley eficiente, al mismo tiempo precisó que el trámite deber ser hábil, diluido y rápido "para no darle oportunidad a la justicia nuestra en este caso de extradición de poder lograr que alguien se quede cuando está señalado por delitos del narcotráfico", sentenció Lafosse.

Finalmente, para la jurista los tratados y el auto acordado antes mencionado establecen lo necesario para que una extradición sea aprobada en el país.

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