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"Es sospechoso que haya interés por algunos políticos de esta iniciativa de Ley de Extradición y no haya interés para revisar el Código Penal, la Ley de Impunidad que se aprobó en el Congreso anterior y derogar otros decretos que han hecho tanto daño al país y que han favorecido a la impunidad, corrupción y el narcotráfico", arremetió Orellana.
En comunicación con noticieros Hoy Mismo de TSi, Edmundo Orellana aseguró que la aprobación de esta ley beneficiaría a muchos diputados del Legislativo que están imputados en los tribunales hondureños y señalados en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Actualmente, Honduras cuenta con un auto acordado, que la Corte Suprema de Justicia aprobó en 2013, que regula el proceso judicial de una extradición.
Este instrumento tuvo vida luego de que el Congreso Nacional reformara el artículo 102 de la Constitución.
De igual manera, se han suscrito convenios de extradición con otras naciones, como el firmado en 1927 con Estados Unidos.
No obstante, desde hace algunos años, varios sectores políticos han reclamado la creación de una ley especial.
Según Orellana, una normativa sobre la extradición-cuyo proceso tarda 100 días, en promedio, desde la petición hasta la entrega, sería un laberinto con el que se dilataría dicho proceso.
"Es muy probable que esta gente pueda incidir en la estructuración de la la ley y convertirla en un laberinto para que los extraditables no puedan ser extraditados a Estados Unidos", apuntó.
Por lo tanto, Orellana consideró que antes de discutirse el tema, primero se debe cerciorar que el Hemiciclo Legislativo esté limpio de la criminalidad organizada, es decir, que los diputados que la apoyen no estén involucrados en actos delictivos por los que puedan ser solicitados en extradición.
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