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"Creemos que no se debieran suprimir de un solo o hacer un quite de un solo de esas exoneraciones en forma masiva. Habrá que hacer, además de la revisión, una valoración paulatina, es decir, que se puedan ir suspendiendo las que son inconveniente por etapas", dijo Díaz Burdett.
De igual forma, agregó que en este tema no se debe improvisar, ni hacerse a la loca o en secreto, sino analizarse técnicamente de su impacto legal y económico.
Además, considera inaudito que el gabinete desconozca la iniciativa como lo asegura el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, quien este jueves advirtió que eliminar todos los beneficios fiscales sería "pegarse un tiro en el pie".
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"Entonces que tenés que hacer, mejorar los elementos logísticos del país, bajar el costo de la energía y todo lo que tenga que ver con la competitividad. Pero mantener todos los elementos igual y eliminar el único que nos está ayudando a traer inversión, sería pegarse un tiro en el pie en este momento", manifestó Barquero.
Entre tanto, para el economista Nelson Ávila, incluso sería "pegarse el tiro en la cien" y asegura que el principal error que está cometiendo el Gobierno es la falta de socialización.
"Debería de cumplirse con un principio elemental, que es el diálogo previo y una discusión lo más amplio posible y debate entre todos los sectores sin excluir a ninguno", sostuvo Ávila.
Incertidumbre
Por su lado, representantes del sector privado afirman que desconocer la iniciativa está generando estrés e incertidumbre entre los empresarios del país.
No obstante, desde el Gobierno aseguran que se respetarán esos derechos adquiridos por las empresas que ya tienen exoneraciones fiscales.
"Lo único que genera esto es un estrés innecesario en la clase empresarial porque se está especulando. A mí me toca conversar todos los días con empresarios nacionales y extranjeros y todos están estresados por esto", dijo Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Asimismo, reconoció que las reformas que se pretenden aprobar se están aplicando en otros países, pero son medidas implementadas en países de primer mundo.
Los diferentes sectores aseguran que desconocen el anteproyecto de ley, pero desde el Congreso Nacional anuncian que a partir del 15 de marzo iniciarán la socialización.
