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Según la información del Ministerio Público, tras la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el conocido "Caso Pacheco Teruel y otros", se determinó en 2012 que el Estado hondureño debía indemnizar a cada una de las 107 familias afectadas con una suma de 317,289 lempiras.
Estos fondos comenzaron a distribuirse en 2017, tras la creación de una comisión en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público revelaron que al menos 49 cheques pertenecientes al mismo número de familias, fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por parte de una persona que actuó sin el consentimiento de las víctimas.
En la investigación se encontraron inconsistencias en la documentación, incluyendo firmas falsificadas y huellas no autorizadas, señalando una manipulación ilegal de los expedientes por parte de empleados del INP.
La manipulación fraudulenta, en connivencia con notarios públicos, implicó un despojo ilegal de los fondos destinados a las víctimas, quienes nunca recibieron el pago que les correspondía.
"(…) burlándose de esta forma de varios de los dolientes quienes al final no recibieron el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP quienes se apropiaron de manera ilegal del dinero de las víctimas en confabulación con notarios públicos", citó un comunicado del Ministerio Público.
La Fiscalía hondureña ha presentado cargos contra los involucrados por delitos graves, incluyendo fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
Incendio en San Pedro Sula
Al menos 107 personas murieron y otras 30 resultaron con quemaduras en un incendio en el presidio de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La explosión de un motor, seguida de un cortocircuito, pudo haber sido la causa del siniestro, según dijeron en su momento autoridades hondureñas.
El incendio consumió una celda en la que estaban recluidos decenas de miembros de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha).
Informes oficiales atribuyeron el incendio a un cortocircuito, no obstante, familiares de algunas víctimas consideraron que se trató de una "acción de exterminio" dirigida desde el interior del presidio por parte del Estado hondureño.
Un año antes, el 5 de abril de 2003, se registró la matanza de 68 personas, en su mayoría también miembros de maras y pandillas en la granja penal de El Porvenir, en La Ceiba, Atlántida, sin que hasta ahora se haya castigado a los culpables.
La última tragedia en las cárceles de Honduras se registró en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán, donde murieron 46 mujeres, la mayoría de ellas quemadas y otras asesinas.
Vea además: En masacre de PNFAS, sí se usaron municiones propiedad del Estado, según MP