"Nosotros hemos posicionado una nómina si bien es cierto, con el abogado Johel Zelaya y con el abogado Marcio Cabañas, sin embargo, se está evaluando todo. Si estamos pretendiendo construir, no podemos pretender imponer", manifestó Sarmiento.
Seguidamente, agregó que se están evaluando todos los escenarios, ya que son "temas importantes" en el proceso de diálogo y conversación.
"Se habla también de quien podría fungir como director de fiscales del MP, no obstante, esa será una potestad que tendrá el fiscal una vez electo", indicó el congresista.
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Sarmiento aseguró también que no se sesionará en el Congreso Nacional hasta lograr los acuerdos para elegir a las nuevas autoridades del MP.
"Por ahora la decisión es que mientras no haya consensos y acuerdos, no se va a convocar a sesiones, hasta que haya un acuerdo en este Poder del Estado", sostuvo.
En cuanto a las pláticas dijo que se está conversando con todas las diferentes fuerzas políticas, porque el Partido Nacional está aglutinado en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).
Por ahora, solo se manejan las dos propuestas presentadas: una por Libre en la que figuran como fiscal general Johel Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas como fiscal adjunto; y la otra por el PSH, Partido Nacional y Partido Liberal donde se propone como fiscal general a Marcio Cabañas y Jenny Almendares como fiscal adjunto.
Sin consensos
Tras cuatro intentos fallidos entre el 29 y 31 de agosto, el Congreso hondureño no ha convocado nuevamente a sesión a los diputados para elegir al nuevo fiscal general y el adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028.
Dos mociones nominativas ( con dos propuestas cada una) de candidatos a fiscales han sido presentadas en el pleno, y ninguna ha alcanzado la mayoría de votos requeridos, 86 de los 128 diputados del Parlamento.
Libre suma 52 votos a favor de su nómina y necesita llegar a acuerdos con las principales bancadas de la oposición (Partido Nacional, Partido Liberal y PSH) que hasta ahora cuentan con 74 votos.
Los nuevos fiscales general y adjunto debieron sustituir a Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto) el 1 de septiembre pasado, pero la falta de consensos no ha permitido la elección.
La Constitución de la República manda de que se deben elegir a estas autoridades una vez que culminaran el periodo de cinco años el fiscal general y adjunto.
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