Luis Javier Santos es el coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de
Corrupción (Uferco). Tiene 28 años de laborar en la administración de justicia y ha pasado por diferentes situaciones: amenazas, atentados e intentos de soborno.

El desafío más grande que tiene, confesó a tunota, es enfrentarse a la clase económica, política y a los que se creen “intocables". Cuenta que hay más líneas de investigación dormidas.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que tiene en su labor frente a la Uferco?

La falta de personal, inconvenientes con el poder judicial y los obstáculos legales surgidos desde el Congreso Nacional siguen afectando.

¿Desmantelar las redes de corrupción le ha representado amenazas?

Claro que sí. Luchar contra la corrupción siempre representará una amenaza. Hay sectores que se consideran intocables e investigarlos es considerado algo anormal.

De instalarse la CICIH, ¿Qué expectativas tiene para el acompañamiento a las investigaciones y procesamiento de casos?

Primero, hay que esperar que seleccione a la Uferco para realizar su trabajo. De ser así, esperamos nos refuerce con el suficiente recurso humano, herramientas
informáticas y las capacitaciones necesarias. Solo así procesaremos casos de alto impacto.

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El decreto que le da más independencia a la Uferco ¿cómo les favorece?

Se cree que el decreto otorga superpoderes a la Uferco. Incluso algunos lo califican de una paralela al fiscal general. No es cierto que se nos otorgan superpoderes, mucho menos que iguales a las facultades del fiscal general. Solo sirve como garantía frente
a cualquier arbitrariedad que se tome contra la funciones ya definidas en el acuerdo de creación de la Uferco.

El caso Pandora y Corrupción Sobre Ruedas ¿qué representó para Luis Javier Santos?

Representan dos formas diferentes de extraer fondos del Estado para el financiamiento de campañas políticas. Es el menosprecio para las personas más empobrecidas, a ellos iban dirigidos esos fondos. Ambos casos representan un exterminio por goteo para la gente más necesitada.

¿En qué unidades se ha desempeñado y qué significa coordinar la Uferco?

Fui jefe a los dos meses de ingresar al MP, quedé solo en la Fiscalía de Tocoa, luego que la fiscal Doris Aguilar abandonó el país por amenazas a muerte. Luego fuí jefe de
la Fiscalía de Tela; coordinador regional de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en el norte.

Aquí por negarme a aplicar un procedimiento abreviado ilegal a un narcotraficante, se me trasladó a la Jefatura de la Fiscalía Regional Contra la Corrupción en la zona norte. Ocupé el cargo de subjefe de la Fiscalía Contra la Corrupción; subjefe de la Fiscalía de Protección al Consumidor y el Adulto Mayor.

Fui jefe de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (Ufadpol) y finalmente fiscal jefe de la Ufecic, ahora Uferco. Ocupar este último cargo ha sido el desafío más grande en mi carrera fiscal. Implica enfrentarse a la clase política, económica y a sectores que se consideran intocables.

¿Ha recibido propuestas al margen de la ley para detener alguna investigación?

Al inicio sí las hubo, por ejemplo, siendo juez, un imputado me puso un paquete de dinero sobre mi escritorio para que lo dejara en libertad. El dinero fue decomisado y el imputado procesado por cohecho.

El expediente pasó a otra instancia y a los días, esa persona pasó y me dijo: “mire juez, lo que usted no quiso agarrar, lo agarró otro”. En San Pedro Sula, siendo jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, me ofrecieron una asesoría en la Municipalidad, ganando el triple de mi sueldo, todo para que dejara de investigar los casos en contra del alcalde de ese entonces.

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El debilitamiento que sufrió la Ufecic y la Uferco ¿lo desmotivó?

Nos desmotivó como equipo, se nos bajó el sueldo, se nos quitó el bono que se otorgó y que se ganó a través de un concurso. A algunos les quitaron hasta el 100% del salario. En lo personal, la rebaja de mi salario, me causó problemas económicos, pero no me desmotivó.

Me gusta y disfruto tanto la investigación de casos de corrupción, que hasta ad honorem trabajaría. Lo que frustra es observar cómo el Congreso Nacional de manera silenciosa se blindó frente a las investigaciones de la Ufecic y luego la Uferco.

Aprobaron de forma descarada reformas a diferentes leyes para impedir o hacer más
difíciles las investigaciones. Significó el fortalecimiento del pacto de impunidad entre la clase política, la que persiste; todos esos decretos siguen intactos.

¿Cuántas líneas de investigación están pendientes?

Hay muchas, por ejemplo, en el caso Red de Diputados que implica la investigación de más de 200 ONGs, la mayoría de maletín. Con el personal que tiene actualmente la Uferco, tardaríamos 30 años para concluir solo este caso. Si no se contrata pronto el personal, la mayoría van camino a quedar en la impunidad.

Además de una CICIH, ¿qué requiere la Uferco para fortalecer la investigación?

Es necesario fortalecer el marco normativo existente y adecuarlo a estándares internacionales. Aprobar la ley de colaboración eficaz, fortalecer la protección de testigos y dotar a los investigadores de herramientas tecnológicas adecuadas para realizar las investigaciones.

También reformar el procedimiento para altos funcionarios del Estado, para que sus procesos sean conocidos por el circuito anticorrupción. Estos decretos que obstaculizan las investigaciones fueron aprobados en el Congreso Nacional anterior, siguen vigentes y es responsabilidad del actual Congreso.

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