El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales, recibió una condena de 10 años, 11 meses y 7 días y medio, más una multa de 1,475,921,298.82 lempiras tras ser hallado culpable del delito de fraude agravado en el caso de compra de hospitales móviles para la pandemia del covid-19.

Al respecto, Asdrúbal Murillo, apoderado legal del exfuncionario, catalogó el castigo monetario contra su cliente como "impagable".

"No hay nadie en Honduras que pueda pagar ese tipo de multa que le impusieron a mi defendido", detalló.

¿Qué pasará si Bográn no liquida la multa?

El abogado penalista, Marlon Duarte, explicó a tunota.com que según tratados internacionales a los que Honduras está suscrito, ninguna persona puede guardar prisión por el motivo de una multa, sin importar el delito.

"La multa viene de una acción estrictamente pecuniaria (relacionada al dinero) (...) no puede ser considerada como pena principal porque estaría violentando un principio universal de la gratuidad de la justicia", precisó.

El jurista explicó que el origen de penalización económica y la privación de libertad no son compatibles: "la libertad no es negociable".

Por otra parte, indicó que la problemática en este tema viene desde el nuevo Código Penal, el cual no estipula que sucede con un ciudadano que no puede saldar una multa.

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Asimismo, especificó que el Estado podría recurrir a otras medidas para solventar la multa, tal como el trabajo comunitario.

Marlon Duarte externó que para garantizar que Marco Bográn no puede pagar la multa deberán realizarle un estudio socioeconómico.

El exfuncionario de Invest-H también fue sentenciado con la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el doble de la pena de cárcel.

Del mismo modo, se informó que se mantendrá en prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera carácter de firme, esto tomando en cuenta que dentro de los próximos 20 días hábiles la defensa de Bográn puede interponer un recurso de casación.

Antecedentes

En el juicio oral y público del condenado se probó que con la declaración de emergencia nacional por covid-19, instruyó el 15 de marzo de 2020 a la jefe de Adquisiciones de Invest-H que se comprarán diez hospitales móviles.

Un día después, el exdirector se contactó con Axel López -propietario de la empresa Elmed Medical Systems Inc.- para iniciar el proceso de adquisición sin la solicitud de compra por parte de Salud (recibida el mismo día).

Para el 18 de marzo de 2020 giró instrucciones para que se ejecutará la liquidación en dos pagos de 47,512,564 dólares.

La primera transacción se hizo un día después para la compra de dos hospitales móviles y 91 camas para Tegucigalpa y San Pedro Sula por $15,900,000.00.

El segundo se hizo el 2 de abril del mismo año por un valor de $31,562,500.00 por cinco unidades modulares y siete plantas de tratamiento, el cual fue catalogado como excesivo.

De acuerdo con lo indicado por los jueces, dichos hospitales móviles no cumplieron con la finalidad para la que fueron adquiridos.

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