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Desde que inició el año, Honduras ha registrado nueve masacres y 38 personas muertas como producto de estos crímenes múltiples, según información obtenida por tunota.com ante el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
La primera masacre ocurrió el 15 de enero, en Puerto Cortés, en un crimen que cobró la vida de tres mujeres. Ese mismo mes, el 28 de enero, otras tres personas murieron acribilladas en Cabañas, Copán en un mismo crimen.
Lo anterior refleja que durante ese mes se cometieron dos homicidios múltiples y que, resultado de ello, murieron seis hondureños y hondureñas. Cuatro (66.67%) eran mujeres y dos (33.33%) eran hombres.
Posteriormente, durante los 28 días de febrero, se cometieron cinco masacres en todo el territorio nacional, que dejaron como resultado a 16 personas muertas. De estas, 13 (81.25%) eran hombres y tres eran mujeres (18.75%).
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Sin embargo, en apenas siete días de marzo, ese número se igualó. El 4 de marzo se registró la primera masacre del mes, en Comayagüela, Francisco Morazán, y el 6 de marzo, en Comayagua, Comayagua, la segunda.
El primer suceso dejó a siete personas muertas y el segundo a nueve.
Aunque en los primeros dos meses del año se ejecutaron siete homicidios múltiples, las cometidas en los primeros seis días de marzo, dejando a 16 personas fallecidas, representan el 42.10% de las 38 muertes totalizadas en el año.
De estas víctimas mortales, 11 (68.75%) eran hombres y cinco (31.25%) eran mujeres.
A nivel global, la categorización por sexo arroja que, durante estos primeros 66 días de 2023, 26 (68.42%) de las víctimas fallecidas pertenecían al sexo masculino y que 12 (31.58%) al sexo femenino.
Masacres por región
Los departamentos donde se cometieron las masacres son: Comayagua (9), Francisco Morazán (7), Yoro (4), Cortés (3), Colón (3), Copán (3), Santa Bárbara (3), Intibucá (3) y Olancho (3).
Los datos anteriores indican que, momentáneamente, la región donde más personas han fallecido a raíz de masacres es la región centro-occidental, debido a que Intibucá y Comayagua aportan 12 de las víctimas mortales.
Le siguen la región centro-oriental, con Francisco Morazán y Olancho, que suman 10 muertos. En el mismo lugar aparece la región noroccidental con Cortés, Santa Bárbara y Yoro. Estos tres departamentos también aportan 10 víctimas producto de masacres.
En tanto, la región occidental, donde se sitúa Copán, aparece con tres muertos, y la región nororiental, donde se localiza Colón, figura con el mismo número.
Se requieren más acciones
El experto en temas de seguridad, César Somoza, aseguró que la mayoría de estos crímenes derivan de pelea de territorio y drogas, por lo que asegura que la investigación, por parte de las autoridades en seguridad, debe estar enfocada hacia esa hipótesis.
De igual modo, instó a las autoridades a prevenir estas manifestaciones de violencia.
"También la prevención social de la violencia debe ser determinada por el Estado para realizar programas que la prevengan porque, a largo plazo, le será más barato al país", manifestó Somoza.
Ante la ola de masacres, el 6 de marzo la presidenta Xiomara Castro hizo un llamado eufórico a las autoridades en seguridad, a quienes exigió "contundentes acciones" y "resultados".
"No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros", reprochó vía Twitter la mandataria hondureña.
Horas después, el director de la Policía Nacional, en conferencia de prensa, manifestó que "no es fácil pasar de una política de seguridad empleada durante 60 años a una con un enfoque social y comunitario".
El 6 de diciembre de 2022, las autoridades hondureñas decretaron un estado de excepción, con el propósito de controlar la ola de criminalidad, sobre todo la extorsión y el conflicto de drogas. Sin embargo, aunque este fue ampliado hasta el 20 de abril de 2023, analistas aseguran que se requieren medidas más reactivas.
El Congreso Nacional debate la posibilidad de intensificar los patrullajes de la Policía Nacional y la Policía Militar, mientras instancias de derechos humanos, como el Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), sugieren un desarme general en el país.
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