El Ministerio Público de Honduras presentó el miércoles (19.1.2022) más de 70 medios de prueba durante el juicio contra los exfuncionarios de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, por la compra de siete hospitales móviles adquiridos en marzo de 2020 para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19.

El miércoles arrancó el juicio contra ambos exfuncionarios acusados de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la compra de los hospitales móviles, que el Ministerio Público tildó de "un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos" durante la pandemia en Honduras.

Las pruebas que se evacuaron ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, comprenden 58 medios documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales, apuntó la fiscalía en un comunicado.

A ello, se le suma el hecho que el Ministerio Público propondrá en la Etapa de Incidentes, seis nuevos medios de prueba, de los cuales cuatro son documentales y dos aclarativos.

Durante el juicio, intentará demostrar que Bográn y Moraes "violaron a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño".

Caso hospitales móviles

El costo de los siete hospitales móviles habría sido sobrevalorado en 47 millones 512 mil 564 dólares, es decir, 1,174 millones 517 mil 764 lempiras.

De acuerdo con el Ministerio Público, la compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, pero según contraste de oferta y de proveedores, dicha compra se realizó sin garantías de calidad y garantías de cumplimiento.

Además, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin la garantía de pago anticipado y previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H.

Sin embargo, investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelaron que el costo real de los hospitales era de 14 millones de dólares, existiendo una sobrevaloración de 34 millones de dólares; es decir, 833 millones de lempiras.

Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo estába sobrevalorado, sino que no cumplían la función de poder ser útil para atender pacientes de covid-19.

Lo anterior, debido a que tenían problemas de diseño y equipamiento, porque su equipo estaba vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional, según un informe del Ministerio Público.

Por este caso también está acusado Axel López por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública de Honduras a título de cooperador necesario y a quien se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Hasta la fecha, los hospitales móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público, indicó la fiscalía hondureña.

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