El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, informó este martes que no se descarta asegurar bienes al exviceministro de Salud, Nery Cerrato, y Gabriel Rubí, extitular de Copeco, acusados por compra fraudulenta de un hospital móvil para la atención de pacientes de covid-19 en 2020, caso conocido como "carpas móviles".

Cabe señalar que este día se libró un requerimiento fiscal y orden de captura contra Cerrato, a quien se le acusa de falsificación de documentos públicos y fraude en la compra de una carpa móvil para la ciudad de Villanueva, Cortés.

En el requerimiento también se vinculó al exministro y exadministrador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí y Cristian Santeli, respectivamente; así como a la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Romero.

"No se puede descartar que en estas líneas de investigación y casos judicializados por corrupción, que relacionan a exfuncionarios, se hagan aseguramiento de bienes", informó Morazán.

A Rubí y a Santeli se le supone responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios y a Cerrato del delito de falsificación de documentos públicos. Mientras que Romero es acusada de fraude a titulo de cooperador.

"Un hecho concreto en estos casos de corrupción durante la pandemia es que solo a uno de los implicados, como es Axel López por el tema de los hospitales móviles, se le aseguraron más de 100 millones de lempiras que tenía en sus cuentas bancarias en Estados Unidos", recordó Morazán.

López se confabuló con el exdirector y exadminitrador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, respectivamente, para realizar una compra fraudulenta de siete hospitales móviles que ascendieron a más de 48 millones de dólares (más de 1,176 millones de lempiras).

Caso carpas móviles

El caso se relaciona a un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el control del covid-19 en Villanueva, Cortés, donde se erogaron 5 millones 560 mil 278 lempiras y solo se obtuvo una carpa que no cumplía los requisitos mínimos para atender pacientes contagiados de la enfermedad.

Según el Ministerio Público, el 28 de febrero de 2020 Cerrato y Rubí solicitaron la adquisición de los artefactos, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales; todo ello, según la Fiscalía, en un tiempo récord de dos días, con el fin de coludirse para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.

El total de monto erogado fue transferido en tres movimientos: un adelanto el 2 de marzo de 33,502.97 dólares (820,799 lempiras); siete días después, un pago de 78,173.61 dólares (1,915,238 lempiras) y una última el 17 de marzo de 2020 por 111,676.58 dólares (2,736,062 lempiras).

Además, se acreditó que el proyecto se instaló en un campo de fútbol inundable, sin estudios topográficos y sin la capacidad de contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares.

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