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El ex subsecretario de la Secretaría de Salud, Nery Cerrato (2019-2022), fue capturado este martes 6 de septiembre señalado por el delito de falsificación de documentos públicos en caso de fraude millonario en la compra de carpa móvil para la ciudad de Villanueva, Cortés.
La aprehensión fue ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, El Paraíso.
La detención se dio luego que el Juzgado Penal en Materia de Corrupción recibió y aceptó un requerimiento fiscal enviado por el Ministerio Público con la solicitud de orden de captura.
Nery Cerrato fue en su momento presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y alcalde de Teupasenti, El Paraíso.
Más implicados
En el requerimiento también se vinculó al exministro y exadministrador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí y Cristian Santeli, respectivamente; así como a la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Romero.
Los exfuncionarios de Copeco son sospechoso e violación de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras a Romero se le apunta como cooperador necesario de fraude.
El Poder Judicial dio a conocer la emisión de órdenes de captura contra los cuatro vinculados, de las cuales, ya fue efectuada la de Nery Cerrato.
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Los hechos
El caso se relaciona a un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el control del covid-19 en Villanueva, Cortés, donde se erogaron 5 millones 560 mil 278 lempiras con 21 centavos (L 5,560,278.21) y solo se obtuvo una carpa que no cumplia los requisitos mínimos para atender pacientes contagiados del virus.
Para ello, el 28 de febrero de 2020 Cerrato y Rubí solicitaron la adquisición de los artefactos, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días, con el fin de coludirse para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.
El total de monto erogado fue transferido en tres movimientos: un adelanto el 2 de marzo de 33,502.97 dólares; siete días después un pago de $ 78,173.61 y uno última el 17 de marzo de 2020 por S 111,676.58.
Además, se acreditó que el proyecto se instaló en un campo de fútbol inundable, sin estudios topográficos, y sin la capacidad de contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que una vez se lleve a cabo la audiencia de declaración de imputados -aún no programada- se expondrá a detalle el requerimiento fiscal.
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