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El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves un decreto que le permite al Ministerio Público recuperar la facultad de investigar e interponer requerimientos en casos de mal manejo de fondos públicos sin esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) termine auditorías.
El decreto indica que el objetivo puntual es eliminar los "obstáculos" creados mediante el decreto 141-2017 donde en el Presupuesto General de la República para el año fiscal 2018 se hicieron una serie de reformas que alimentaron la "corrupción e impunidad en el país".
Mediante el decreto legislativo 141-2017 con fecha 18 de enero 2018, se adicionó un párrafo al artículo 16 y un artículo bajo la denominación del artículo 131-A a la Ley orgánica del presupuesto que limitó las facultades del Ministerio Público y confirió al Tribunal Superior de Cuentas "facultades que no le corresponden", según el dictamen.
En ese decreto se expresaba que durante estuviera en proceso la auditoria e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tuviera el cáracter de firme y ejecutoriada, no procedería ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal.
Sin embargo, el Congreso Nacional se respaldó en una resolución por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional por razón de forma el artículo 238 contenido en el decreto legislativo 141-2017 del 30 de enero de 2019.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional se publicó en La Gaceta el 4 de febrero del 2019.
