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El Ministerio Público de Honduras aseguró este jueves que está realizando las 'diligencias pertinentes' para determinar si asegura los bienes del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien un juez ordenó el miércoles su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
De esa forma, la Fiscalía hondureña ha respondido a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) para que se aseguren los bienes del exmandatario, quien gobernó al país centroamericano durante ocho años consecutivos entre 2014 y 2022.
"Tal y como se ha procedido en casos similares, en coordinación con agencias de investigación nacionales e internacionales, está realizando las diligencias pertinentes conforme a lo establece el ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales sobre la materia", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Solicitud de la PGR
La PGR envió un documento al Fiscal de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en el que se instó para que proceda con el aseguramiento e incautación de los bienes del expresidente Hernández.
"Insto a que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández ", cita el documento firmado por el procurador general, Manuel Antonio Díaz.
De acuerdo a un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, el exgobernante y su esposa, Ana García de Hernández, amasaron una fortuna consistente en 7 empresas y 70 bienes inmuebles valorados en 191 millones de lempiras (7.8 millones de dólares).
Extradición
Juan Orlando Hernández es solicitado por Estados Unidos por suponerlo responsable de la conspiración para el ingreso de más de 500 kilos de cocaína a Estados Unidos con ayuda del Gobierno de Honduras.
Estados Unidos señala a Hernández de tres delitos en los que supuestamente conspiró para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, que incluye la fabricación, posesión y distribución de la droga.
Además, el uso y portación de armas de fuego o ayudar e instigar a su uso, entre ellas: ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo para el tráfico de los narcóticos; y otro también relacionado con el porte de armamento.
La defensa del exgobernante tiene tres días a partir de la fecha del fallo que ordena la extradición para apelar el mismo.
