Síguenos en Google News
Este caso implica la presentación de requerimientos fiscales contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), además de otros seis exfuncionarios, por un millonario desvío de fondos.
El Ministerio Público argumentó que, desde su creación el 23 de enero de 2020, como resultado del trabajo conjunto de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), la Uferco ha basado su trabajo en los expedientes que le entrega la Dirección General de la Fiscalía.
"En el caso de la Uferco, su objetivo primordial es la investigación imparcial, aplicación de la ley y el enjuiciamiento de los responsables por la comisión de delitos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción", defendió el Ministerio Público.
Además, manifestó que la Uferco realiza un seguimiento constante de las causas y líneas de investigación que se trabajaron durante la vigencia del mecanismo anticorrupción suscrito con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Puede leer: Pandora II será la primera 'prueba de fuego' de la actual CSJ, según analistas
"No actúa, bajo ninguna circunstancia, de manera arbitraria o antojadiza", agregó la Fiscalía hondureña en su comunicado.
El comunicado del Ministerio Público también rechaza los cuestionamientos que han surgido acerca de si las investigaciones y causas promovidas por la Uferco responden a intereses político-partidarios o de grupos particulares.
Específicamente, este pronunciamiento de la Fiscalía hondureña se genera horas después de las acusaciones de la bancada del Partido Nacional, quienes alegaron que el partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, utiliza a la Uferco "a su antojo para intimidad y perseguir a la oposición política".
Pandora II
El pasado 11 de octubre, la Uferco presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el caso Pandora II, que contiene requerimientos fiscales contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (fraude) y Juan Orlando Hernández (fraude y lavado de activos), así como el exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato (2012-2018), y otros funcionarios.
Estos funcionarios enfrentan acusaciones de fraude y lavado de activos relacionados con hechos ocurridos entre 2010 y 2013, cuando gobernaba el Partido Nacional.
Las acusaciones se centran en una red de corrupción que supuestamente facilitó la aprobación de desembolsos por L288,016,175.00 para la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Estos fondos fueron luego transferidos a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista con el propósito de ejecutar proyectos sociales. Los fiscales alegan que estos dineros se desviaron hacia campañas electorales a través de empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos.