En la Operación Némesis IX, el Ministerio Público (MP) dirige allanamientos en el norte, centro y sur del país contra una estructura criminal transcontinental que produce y distribuye material de abuso sexual infantil por medio de la red social Viber.

Este caso fue denominado "Pretoria", en referencia a la ciudad de Sudáfrica donde inicialmente se detectó este uso ilegal a la plataforma, el cual se extendió a otras naciones, incluyendo Honduras.

Por ello, las Fiscalías del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) ejecutan acciones combinadas para recolectar evidencias, secuestrar dispositivos digitales "con miras al procesamiento y capturas por el delito de elaboración y utilización de pornografía infantil agravado".

Paralelamente, en la capital se efectuarán operativos en el rubro del transporte y puntos estratégicos, donde se han rescatado 10 menores de edad en vulneración de derechos. También se reportan acusaciones y arrestos por delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.

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Otras diligencias en la Operación Némesis IX

El MP presentó dos requerimientos fiscales con solicitud de orden de captura por actos irregulares en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Asimismo investiga la supuesta comisión de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios, de los que la denunciada es la exfuncionaria del Poder Ejecutivo, Jessica María Abufele Luque, quien presuntamente solicitó un apartamento a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en el edificio "Condominios Malibú", en la colonia San Ignacio, de Tegucigalpa, el cual habría usado para beneficio personal.

También se desarrollan diligencias sobre aparentes ilicitudes en acuerdos de nombramiento y plazas en la Secretaría de Educación en la gestión saliente (2021) y la gestión entrante (2022); mientras se investiga al exalcalde de La Ceiba, Atlántida, Jerry Sabio, por presuntos delitos de violación a deberes de los funcionarios y fraude.

Igualmente, continúan las investigaciones y recolección de documentos en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), tras la denuncia por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, referentes a un supuesto uso de multimillonarios fideicomisos.

Finalmente, se interpusieron ante los juzgados capitalinos 126 acusaciones por violencia de género; entretando se trabajan en casos relacionados a daños al medio ambiente en la zona protegida garífuna de Cayos Cochinos y por explotaciones mineras en comunidades tolupanes de Yoro.

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