El Ministerio Público (MP) anunció que presentará este miércoles 30 medios de prueba contra los exfuncionarios de la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn y Alex Moraes por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia del covid-19.

De las 30 pruebas, 25 son documentales, cuatro periciales y una declaración testifical.

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Bográn y Moraes son acusados por su supuesta responsabilidad en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia del covid-19 a lo interno de Invest-H.

La carga probatoria será expuesta por Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el juicio oral y público contra los procesados.

Bográn y Moraes se encuentran detenidos y sobre los que ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles.

Exfuncionarios prófugos

Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia en este caso son: el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza.

Asimismo, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.

Además, el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.

De acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario.

Con dicha acción se violentaron los procedimiento legales y administrativos correspondientes e imcumplieron los requisitos y las bases establecidas en la compra, de acuerdo al MP.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería.

Sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero.

Es decir, en los documentos de la compra figuran nombre de Germar Ferretería, pero esta, tras recibir los pagos, hizo transferencias a G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero.

Mascarillas sobrevaloradas

Una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor de Lagos Romero, esposo de la entonces congresista del Partido Nacional, Waleska Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero se facturaron por 50.8 millones de lempiras, pero Invest-H no los pago.

Seguidamente, se emitió otra factura por 39 millones de lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería.

Después, Germar Ferretería emitió un cheque por 37 millones de lempiras a favor del empresario Juan José Lagos Romero, esposo de la congresista Zelaya, por lo que el Ministerio Público supone que la transacción se hizo para beneficiar al primero.

Todos estos hechos, el Ministerio Público los ventilará en el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, hasta el miércoles 18 de enero, fecha en que está previsto finalice el debate de juicio oral y público.

Caso 'Hospitales Móviles'

El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, fue sentenciado el pasado 10 de junio de 2022 a 10 años y 11 meses de prisión al ser culpable por el delito de fraude en la compra de siete hospitales móviles adquiridos por un monto de 47.4 millones de dólares (1,174 millones de lempiras).

Además Bográn tendrá que pagar una multa de 1,475 millones 921 mil 298 lempiras y una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el doble de la pena de cárcel.

Según el MP, los módulos fueron sobrevalorados en más del 60 por ciento, además de que se determinó, según inspecciones, que la mayoría no es apto para atender pacientes con síntomas de covid-19.

El exfuncionario fue absuelto por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, mismo que sí se le aplicó a Alex Moraes, quien fue absuelto de fraude e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

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